La Fiscalía vuelve a pedir el archivo del caso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) al no ver "nada nuevo"

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado una vez más al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, el sobreseimiento provisional de las actuaciones, considerando que la comisión rogatoria realizada por la Autoridad Mexicana al Ministerio Público acerca del asunto "nada nuevo aporta al procedimiento en curso", según un escrito de la Fiscalía fechado el pasado 30 de diciembre y recogido por Europa Press.

Recordemos al respecto que en una providencia de fecha 13 de marzo de 2020, la juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, exponía a las partes personadas en esta causa que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".

Tras ello, tanto Emerita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción solicitaron nuevas diligencias de diversa índole, mientras las representaciones de Minorbis, las diversas personas investigadas y la Fiscalía solicitaban el libre sobreseimiento de las actuaciones, por tercera vez.

DILIGENCIAS ARCHIVADAS EN DOS OCASIONES PERO REABIERTAS

Y es que tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.

Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.

De cualquier modo, ante las nuevas diligencias reclamadas por Emerita Resources España, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, la juez instructora decidió en dos autos emitidos en junio y en julio de 2020 denegar tales peticiones de nuevas diligencias porque como señalaba en uno de estos autos, recogido por Europa Press, "con carácter general, no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos".

DE NUEVO A LA AUDIENCIA

Aunque Emerita Resources España y Andalucía Mining recurrieron ante la Sección Séptima de la Audiencia la decisión de la juez instructora de denegar la práctica de nuevas diligencias de investigación en la causa, la Audiencia desestimó las pretensiones de tales entidades, salvo una petición de Andalucía Mining en demanda de copia testimoniada de la totalidad de la comisión rogatoria realizada en 2018 por las Autoridades Mexicanas y sobre la totalidad de las diligencias que se hubiesen practicado, acerca de "supuestos pagos que Grupo México realizó a Magtel a través de Minorbis, que pudiera ser constitutivos de soborno".

Según la Sección Séptima de la Audiencia, de tal diligencia podrían trascender "datos que pondrían en evidencia que los hechos investigados en México guardarían una íntima conexión con el objeto de la presente causa".

Y es que "la referida autoridad mexicana, a cargo de la investigación que se estaba llevando a cabo en dicho país, comunicaba que el día 6 de enero de 2018 tuvo conocimiento o información de hechos que pudieran ser constitutivos de soborno relacionados con los contratos adjudicados por la empresa mexicana Grupo México para explotar la mina de Aznalcollar y refería indicios de que Grupo México pagó a una compañía española llamada Magtel, que actuaba a través de su filial Minorbis como intermediaria para la obtención de dichos contratos".

Merced a ello, en el mencionado escrito de fecha 30 de diciembre, la Fiscalía considera que finalmente, el contenido de dicha comisión rogatoria "nada nuevo aporta al procedimiento en curso" ni implica "dato o indicio que permita vincular" esta investigación con "las indagaciones realizadas por tales autoridades extranjeras con relación a un posible cohecho internacional".

Por eso, la Fiscalía indica que "interesa que se de por concluida la instrucción", solicitando una vez más la Fiscalía el nuevo "sobreseimiento provisional" de las actuaciones.