Gobierno andaluz, convencido de que "volverá a quedar cerrado" el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha mostrado este miércoles su "firma convicción" de que el caso sobre la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, "que ya fue archivado volverá a quedar cerrado tras la confirmación de la rigurosidad y absoluta transparencia con la que fue llevado a cabo".

Fuentes de la Consejería han señalado a Europa Press que se trató de un carácter internacional, competitivo y abierto a cualquier empresa, pese a que la legislación vigente permite a las administraciones la adjudicación de derechos de explotación minera de manera directa a quienes lo reclamen por orden de antigüedad y siempre que los proyectos cumplan con todos los requisitos establecidos.

Así lo han señalado tras conocer que la juez de Sevilla que investiga esta adjudicación ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el contenido de una veintena de cuentas de correo electrónico intervenidas por orden judicial, y entre las que se encuentra la de la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio.

También han querido lanzar "un mensaje de tranquilidad" a la comarca de Aznalcóllar, en cuya mina ya trabajan más de 200 personas de manera directa, y que "se ha visto rehabilitada económicamente con la contratación de más de 25 subcontratas y una inversión superior a los siete millones de euros".

Así, tras mostrar su "más absoluto respeto a las decisiones judiciales como ha sido la norma llevada a cabo en este y en otros procesos en los que se ha visto involucrada" y convencida de que "su actuación siempre se ha produciendo conforme a las leyes vigentes", ha asegurado su "firme" decisión de colaborar con los órganos judiciales para "aclarar cuantas dudas puedan haber recaído sobre los asuntos judicializados".

En este sentido, y tras conocer las diligencias declaradas secretas el pasado 17 de enero por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Sevilla, y llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil, los servicios jurídicos estudian la presentación de las alegaciones oportunas, dado el momento procesal en el que se encuentran las pruebas practicadas.

Además, la Consejería ha asegurado que ha facilitado la documentación requerido por la juez en un mandamiento bajo secreto judicial y que ha sido llevada a cabo por parte de funcionarios de la UCO, dentro de la actuación de colaboración para esclarecer y hacer valer la "transparencia y rigurosidad con la que se llevó a cabo el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar".

De esta manera, ha afirmado que la juez instructora tiene ya desde hace semanas cumplida la documentación requerida en su auto de reapertura del caso del pasado mes de octubre. En este sentido, ha sido enviados al Juzgado: la resolución de 3 de junio de 2016 que autoriza el inicio de los trabajos y las autorizaciones posteriores al sobreseimiento provisional del caso; un informe de la DG de Minas sobre la aceptación de la adjudicación. Y otro sobre la situación actual de los trabajos que se llevan a cabo de la Mina, certificado por una empresa consultora externa.

Por otro lado, ha precisado que la juez dispone también de un informe pericial externo, contratado en concurrencia pública por esta consejería, sobre el procedimiento de adjudicación y de aceptación de ofertas del concurso de Aznalcóllar, y que fue aportado a la causa por la DG de Minas.

Cabe recordar que, en un auto fechado el 9 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 3 recuerda que fue el 17 de enero cuando autorizó la obtención y el volcado de los correos electrónicos que constaran almacenados en el servidor informático de la Junta relativos a las cuentas de correo corporativo asignadas a las personas señaladas en dicha resolución, "y siempre respecto de materias y datos de relevancia" para la investigación.

Tras ello, y después de personarse el 23 de enero en la sede de la Consejería, la UCO elevó un oficio al Juzgado informando de las circunstancias "completas" acontecidas en relación a la obtención de los correos interesados, fechados entre los años 2013 y 2016, adjuntando el material obtenido.

Una vez recibido este oficio, la instructora ha dictado un auto en el que autoriza a la UCO "al volcado y estudio, única y exclusivamente, de aquellos pasajes de los correos que, encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa, resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan y que puedan figurar" en una veintena de direcciones de correo electrónico.

Entre estas cuentas, se encuentran la de María José Asensio; la de su antecesor en la Consejería, Luis Nieto, y la del interventor general de la Junta y ex secretario general de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández, mientras que el resto de correos intervenidos pertenecen a los miembros de la Mesa y de la Comisión Técnica del concurso.