El Gobierno defiende que "vela" por la plantilla de la base de Morón y UP lamenta que no opine del conflicto

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central del socialista Pedro Sánchez ha respondido a la diputada de Unidas Podemos por Málaga Eva García Sempere que el Ministerio de Defensa "vela permanentemente" por los trabajadores españoles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), adscritos a una empresa contratada por Estados Unidos y sometidos a diversos despidos colectivos e individuales desde finales de 2010, toda vez que la coalición de izquierdas lamenta que el Ejecutivo no se pronuncie sobre la "progresiva sustitución de trabajadores españoles por norteamericanos" y avisa de que no niega "que EEUU discrimina a los trabajadores españoles".

En concreto, Eva García Sempere había elevado a la Mesa del Congreso una serie de preguntas respecto al prolongado conflicto laboral que sacude a la plantilla española de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten España y Estados Unidos. Estos trabajadores están adscritos al contrato mediante el cual las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe) asigna a una empresa la gestión de servicios logísticos, de mantenimiento o intendencia no abarcados por el ámbito militar.

A finales de 2010, la empresa estadounidense Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), entonces adjudicataria de dicho contrato de la Usafe, inició el primero de varios expedientes de regulación de empleo (ERE) sobre la plantilla española de la base, desprendiéndose durante los años de un total de 240 trabajadores hasta ser relevada en 2014 por la también empresa norteamericana Vectrus, a la que los sindicatos atribuyen unos 30 despidos acometidos "a cuentagotas".

El goteo de despidos colectivos e individuales coincidía por cierto con un crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base. El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

LA ESTRATEGIA SEÑALADA POR LA PLANTILLA

Al respecto, el comité de empresa de los servicios civiles de la base de Morón no criticaba sólo que los despidos fuesen acometidos pese al incremento de la actividad castrense, sino que además alertaba de la paulatina introducción de personal estadounidense para cubrir las labores afectadas por la reducción de personal laboral. Así, los representantes sindicales avisaban de una estrategia predeterminada de sustituir progresivamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

Al respecto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba "ajustado a derecho" el ERE acometido en 2014 sobre la plantilla de la base de Morón, recogida por Europa Press, no sólo desestimaba el recurso de los 55 trabajadores, sino que además no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos".

UNIDAS PODEMOS PIDE INFORMACIÓN

En ese sentido, las preguntas promovidas por Eva García Sempere ante el Congreso estaban destinadas a que el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez aclarase si "va a revisar el actual convenio de cooperación en materia de Defensa para que no perjudique a los trabajadores de la base de Morón", su "opinión sobre la progresiva sustitución de trabajadores españoles por norteamericanos en condiciones laborales irregulares", si hay "algún mecanismo para evitar que el contrato de gestión de la base de Morón vulnere o perjudique los intereses de las empresas y trabajadores de España" y "qué medidas" hay para "poner fin a la discriminación hacia los trabajadores españoles de la base de Morón, que no están incluidos en el anejo 8 como personal laboral local y son considerados de interés nacional para la seguridad e integridad de España en cada resolución de servicios mínimos que se dicta desde la Delegación del Gobierno".

Frente a tales preguntas, Unidas Podemos expone que el Gobierno ha respondido que el citado anejo 8 "sólo es de aplicación al personal laboral local, que es contratado directamente por el Ministerio de Defensa", toda vez que en este caso se trata de empleados sujetos a una empresa contratista de Estados Unidos. "Como se establece en el mencionado convenio (bilateral de Defensa entre Estados Unidos y España), los empleados de contratistas, en este caso los trabajadores de Vectrus, están plenamente sujetos a la legislación laboral española y es este marco el mecanismo idóneo para evitar que se vulneren o perjudiquen los intereses de las empresas y trabajadores nacionales", especifica el Gobierno, según Unidas Podemos.

"Dada la naturaleza del conflicto, el Ministerio de Defensa busca fomentar la coordinación entre las administraciones afectadas, locales y autonómicas, a quienes corresponde ejercer las funciones de mediación o arbitraje sobre las controversias. Igualmente, se busca siempre una interlocución fluida con las partes implicadas, dentro del respeto de las competencias de otras administraciones en materia laboral, como es el caso de la Junta de Andalucía", agrega el Gobierno central, defendiendo que traslada la "preocupación por la situación de los trabajadores españoles al Gobierno de los EEUU a través de los mecanismos de coordinación existentes", y "en caso de que existiesen actuaciones sobre posibles situaciones de discriminación en la base de Morón respecto de trabajadores españoles, esta información está sujeta al deber de sigilo".

Del mismo modo, la respuesta del Gobierno sostendría que el Ministerio de Defensa "vela permanentemente para que las empresas contratistas respeten todos los derechos de los trabajadores", según UP.

Unidas Podemos, al respecto, ha lamentado que el Gobierno haya respondido de forma "exigua y contradictoria" a sus preguntas, eludiendo además pronunciarse sobre la "progresiva sustitución de trabajadores españoles por norteamericanos" y sin negar "que EEUU discrimine a trabajadores españoles".