El Gobierno señala diligencias policiales y judiciales por la situación saldada con el desalojo del Rectorado de la US

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha señalado en una respuesta escrita al Grupo de Sumar del Congreso de los Diputados que pesan diligencias policiales y judiciales sobre la situación saldada el pasado mes de junio con una actuación de la Policía Nacional desalojando a los estudiantes encerrados en el Decanato de la Facultad de Filología, en el edificio del Rectorado; así como el desmantelamiento de la acampada instalada en el exterior del recinto; en demanda del cese de la ofensiva del Ejército de Israel en la Franja de Gaza.

En esta respuesta escrita a los diputados de Sumar, emitida el pasado 16 de septiembre y recogida por Europa Press, el Gobierno recuerda que la actuación policial "fue realizada siguiendo la solicitud efectuada por el rector de la Universidad de Sevilla a la Subdelegación del Gobierno", detallando que "por estos hechos se instruyeron las diligencias policiales 5324/24, entendiendo de los mismos el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, en diligencias previas número 1452/2024".

Aquella actuación policial fue acometida después de que los universitarios promotores de la citada acampada en los jardines exteriores del edificio del Rectorado en demanda de mayor reproche institucional a las universidades de Israel por la ofensiva del Ejército de dicho país en la Franja de Gaza, con decenas de miles de muertos; ocupasen sorpresivamente las dependencias del Decanato de la Facultad de Filología, donde se encerraron bloqueando la puerta con mobiliario de la sala.

INCIDENTE PREVIO EN LA CAFETERÍA

Ello, tras haber protagonizado un incidente en la cafetería del recinto, internándose en la cocina frente a las demandas de la plantilla de que abandonasen tales dependencias al estar las mismas reservadas al personal del establecimiento.

Con esta nueva acción, el colectivo de estudiantes pretendía, según su comunicado posterior, aumentar su "presión" sobre el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en demanda de una ruptura absoluta y no temporal de toda relación con las instituciones de Israel y de que Castro usase la palabra "genocidio" al aludir al asunto, entre otros aspectos.

A la hora de solicitar a la Policía Nacional el desalojo tanto de la ocupación del Decanato de Filología como de la acampada, el rector defendía que estos estudiantes habían incurrido en una "inaceptable actitud, incrementando su hostilidad y agresividad, creciendo la indignación de la comunidad universitaria y aumentando las dificultades para el desarrollo de las actividades académicas".

El rector calificaba además de "asalto" la ocupación del Decanato de Filología, asegurando que los estudiantes participantes de esta acción incluso habían agredido a una "persona contratada" por la Universidad y que estaba trabajando en aquellos momentos; mientras los estudiantes negaban tal extremo y decían de su lado haber sido víctimas de agresiones por parte de los vigilantes de seguridad movilizados ante la citada ocupación y los policías nacionales que acudieron después para identificarles.

"INVASIÓN DE ESPACIOS RESERVADOS"

Ante esta "invasión de espacios reservados a servidores públicos y cargos académicos", dichas actuaciones de "hostilidad" y la ausencia de "voluntad alguna de diálogo" por parte de los activistas, según el rector, debía primar "la responsabilidad ineludible de mantener el desarrollo de las actividades académicas programadas, así como la defensa de los derechos de la plantilla y el patrimonio público".

Por contra, un grupo de estudiantes, profesores y activistas concentrados posteriormente a las puertas del Rectorado, entonces cerradas por orden del equipo rector, reclamaba la dimisión de Castro, acusándole de actuar "por la fuerza, por la vía de la violencia, como si fuese el dueño de El Corte Inglés, cuando el Rectorado no es su casa, sino una universidad pública que pertenece a los estudiantes y al profesorado", considerando así que Castro se había "excedido" al pedir el desalojo policial.

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, manifestaba de su lado que la actuación policial había sido "correcta y absolutamente proporcionada", destacando que "no hubo apenas resistencias ni heridos".