SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha ofrecido este miércoles su valoración por el caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación, respecto del cual ha pedido "perdón a la sociedad" en nombre de la institución, ya que "cuando uno de los nuestros comete actos como éstos la universidad se empobrece".
Asimismo, ha lamentado la "lastimosa" lentitud de las instancias judiciales en el asunto, ya que desde la primera denuncia hasta la sentencia condenatoria han pasado seis años, "un tiempo demasiado largo".
En rueda de prensa, Castro, cuyo discurso no ha estado exento de autocrítica al señalar que la actuación de la US probablemente podría haber sido "mejor" en el tema, sí ha cargado las tintas en reiteradas ocasiones contra el estamento judicial, ya que desde el mismo momento en que la Justicia se hace cargo del caso --fue la propia sede académica la que llevó el suceso a Fiscalía-- el expediente disciplinario que la universidad inició en noviembre de 2010, dos semanas después de la primera denuncia y dos meses antes de llegar a los juzgados, contra Romero quedó paralizado por imperativo legal.
"En seis años, los que de verdad saben de leyes, que son los jueces, no han hecho nada", ha subrayado al ser cuestionado por el momento en que la Hispalense ha decidido ejecutar las medidas cautelares contra el catedrático, que ha seguido dando clases hasta esta semana y del cual no constan otras denuncias: suspensión de actividad académica, aunque no así de sueldo, del que seguirá cobrando el 75 por ciento de las retribuciones básicas hasta que se solvente el expediente --algo que se hará con "rigor" y "la máxima diligencia posible"--, y prohibición de acceso a la Facultad de Educación.
Hasta tomar esta semana esa resolución, la US llevó a cabo una serie de iniciativas, fundamentalmente para garantizar el alejamiento de las denunciantes y el encausado y el correcto desarrollo de la labor de las víctimas, como estancias académicas en distintas sedes universitarias, diferenciación física de los departamentos de la facultad en los que desarrollaban su actividad o atención psicológica.
COMPORTAMIENTO "SIMÉTRICO"
El rector, que no lo era en el momento en que los hechos fueron denunciados --ostentaba el cargo Joaquín Luque--, ha querido dejar claro su mensaje de "máxima condena y repulsa" por los hechos por los que el catedrático, con el que el equipo de gobierno aún no ha contactado tras conocer el fallo, ha sido condenado, al tiempo que se ha solidarizado con las docentes, a las que sigue ofreciendo todo el apoyo de la US para el desempeño de su labor y a las que asegura que quiere recibir personalmente.
"Nada puede paliar el daño sufrido por estas compañeras", ha asegurado Castro, que, con todo, señala que la universidad, pese a ejemplos "lastimosos" como éste, sigue siendo "uno de los mejores lugares para vivir y aprender". Lo prueba, a su juicio, que el protocolo contra el acoso establecido a raíz de este caso, y ampliable a toda la comunidad universitaria, sólo ha registrado cuatro casos desde 2013 de un espectro de 80.000 personas, dos de ellas por acoso sexual.
Por lo demás, cuestionado por un posible trato de favor u ocultamiento por parte de la US, el rector entiende que el comportamiento ha sido "simétrico" para las víctimas aunque entiende que la visión de las denunciantes pueda ser distinta, con medidas que ponen de manifiesto la "sensibilidad" de la sede académica en el asunto.
Asimismo, Castro, que asegura que se hará una investigación sobre posibles responsabilidades anexas en el caso, no ha podido precisar la razón por la que la Hispalense no está presente como acusación en el proceso y ha señalado que, al ser los hechos cometidos en el lugar de trabajo, es éste el que carga de oficio con la responsabilidad civil subsidiaria.