SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha elevado un informe a la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación, en el que pone de manifiesto que, en relación con las subvenciones destinadas a los afectados por el cierre de Delphi, se han incoado nueve expedientes sancionadores a otras tantas empresas y entidades "por la simulación de relaciones laborales para obtener prestaciones de la Seguridad Social indebidas".
En el informe elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Inspección de Trabajo señala que ha incoado expedientes sancionadores a Alestis Aerospace, Fueca, Forja XXI, Sagrada Familia, AEA, y asociaciones Humanitas, Innova, Inteca y Natura, ascendiendo en total la sanción propuesta a 8.813.910 euros.
La propuesta de sanción más elevada corresponde a Fueca, con 2.625.420 euros, ya que se han detectado 420 infracciones entre las 496 contrataciones realizadas, seguida de Asociación Innova, con 1.131.431 euros y 181 infracciones detectadas en las 220 contrataciones efectuadas, y de Alestis, con 912.646 euros en virtud de 146 infracciones en 195 contratados.
La Inspección de Trabajo informa de que se ha remitido informe tanto al Juzgado como a la Fiscalía de Sevilla en relación con el sistema de concesión y gestión de dichas subvenciones, acompañando copia de las actas de infracción extendidas "por si los hechos pudieran tener relevancia penal".
Al hilo de ello, pone de manifiesto que "la competencia para resolver los indicados expedientes sancionadores corresponde" a la directora de la Dirección Especial, Elena Ruiz Cascales, "debiendo suspender el procedimiento administrativo en caso de existencia de actuaciones penales por los mismos hechos y fundamento en relación al mismo presunto responsable".
Por ello, y "a efectos de determinar si procede la suspensión de los procedimientos sancionadores iniciados", pide a la juez que le informe acerca de si "considera que las empresas y entidades indicadas en las actas de infracción pueden haber incurrido en responsabilidad penal por el hecho de haber simulado relaciones laborales para la obtención de prestaciones de la Seguridad Social indebidas, en virtud de idénticos hechos y fundamentos de derecho".
Tras ello, la instructora ha dictado una providencia, de fecha 9 de octubre y consultada por Europa Press, en la que comunica a la Inspección de Trabajo que "se están tramitando las presentes actuaciones por presunto delito de malversación en la concesión de subvenciones a acciones formativas", entre las que se encuentran las concedidas "de manera concentrada" a las entidades pertenecientes al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.