Los interinos de Sevilla animan a interponer denuncias ante una sentencia de Alicante favorable a su causa

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que censura el uso "abusivo" en las administraciones españolas de las relaciones laborales de tiempo determinado, pero atribuye a la Justicia española las decisiones sobre qué medidas son "adecuadas" para "prevenir y sancionar" estos casos, la Asociación de Trabajadores Temporales de la Diputación de Sevilla ha animado a los miembros de este colectivo a denunciar su situación por vía judicial, ante una sentencia favorable de un juzgado de Alicante.

En un comunicado, el colectivo ha recordado el conflicto derivado de la situación de estos 532 trabajadores interinos de la Diputación de Sevilla ante las ofertas públicas de empleo (OPE) promovidas por la institución en los últimos tiempos, en muchos casos incluyendo las plazas para las cuales fueron contratadas estas personas.

Al respecto, un portavoz de este colectivo explicaba a Europa Press que entre estos interinos figuran "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontan tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

Además, se trata de trabajadores interinos que, en caso de no consolidar su posición en los puestos que ocupan, "se verían abocados no sólo al paro, sino al ostracismo laboral" a cuenta de su edad.

EL LITIGIO EN EUROPA

En todo ello incide el litigio promovido ante la Unión Europea contra la Administración española en demanda de que se declare trabajadores indefinidos a los empleados públicos españoles incorporados como interinos o temporales pero que suman años y años de servicio por un supuesto abuso de las instituciones en la contratación eventual.

En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación esgrimía tiempo atrás que en mayo de 2019 acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas (de empleo público) no se celebren hasta que no se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen" tales ofertas de empleo público, el colectivo ha venido avisando de que la institución ha seguido avanzando en los trámites de dichos procesos selectivos, arguyendo la misma que los trámites están destinados a impedir la caducidad de los procedimientos y que no se celebrarían pruebas sin la sentencia.

Ante ello, los interinos insistían en pedir la "paralización absoluta" de los procesos selectivos y su "regularización" como empleados públicos para no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales.

El pasado mes de marzo, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía su sentencia, recogida por Europa Press, determinando que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos".

EL CASO DE ALICANTE

Tras esta sentencia, la plataforma de interinos de la Diputación ha señalado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Alicante fechada el pasado 8 de junio y recogida por Europa Press, que respecto a la "concreta relación funcionarial" de 13 años mantenida por una interina con el Ayuntamiento de dicha ciudad valenciana, reconoce "como situación jurídica individualizada el derecho" de la recurrente al "reconocimiento de su condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto que actualmente desempeña con los mismos derechos y sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera".

Ante esta sentencia sobre el caso concreto de esta mujer, susceptible de recurso de apelación, la plataforma considera que "los juzgados españoles han dicho la última palabra", animando a los interinos a denunciar su situación por vía judicial. En paralelo, el colectivo reclama una vez más la "suspensión de todos los procesos" selectivos de la Diputación de Sevilla que afecten a los interinos, para alcanzar "los acuerdos necesarios" que garanticen la "estabilidad" de los mismos.