Intervención del Estado cuestiona el uso "indebido" de las transferencias de financiación por la Junta

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares vuelve a cuestionar el uso "indebido" del "inadecuado concepto" de las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepa de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Dicho informe, con una extensión de 65 páginas y que ya ha sido trasladado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa, es consecuencia de una orden formulada en diciembre por la magistrada Mercedes Alaya a los peritos de la Intervención General del Estado para que analicen la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación a las ayudas sociolaborales del programa 31.L., más conocido como 'fondo de reptiles'.

La IGAE expresa en las conclusiones del informe, consultadas por Europa Press, "significativas discrepancias de criterio" con la Cámara de Cuentas de Andalucía y señala que "las modificaciones presupuestarias realizadas para aumentar el inadecuado concepto de 'transferencia de financiación' a IFA-IDEA, con el que indebidamente se concedieron subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis (16 aprobadas por el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, y 6 aprobadas por el titular de la consejería), no cumplieron uno de los principales requisitos legalmente establecidos, como es que la aplicación presupuestaria de destino sea la adecuada".

Este informe complementa a otro de la IGAE ya incorporado a la investigación el pasado mes de diciembre en el que reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta entre 2000 y 2009; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente andaluz José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la ausencia de "las medidas necesarias" para solucionar y erradicar las "irregularidades" detectadas en las fórmulas usadas para la administración de la partida 31L.