El interventor de Castilleja atribuye a un "error administrativo" el pago de las costas de la alcaldesa

El gobierno local expone que "la denuncia falsa es un delito y se emprenderán todas las acciones que sean aplicables en derecho"

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Un informe del Interventor del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) atribuye "un error administrativo" el pago de 1.432 euros de los fondos municipales, para las costas judiciales impuestas a la alcaldesa, Carmen Herrera (PSOE), tras perder un litigio emprendido a título particular contra el propio Consistorio. Según el Interventor, fue malinterpretado "que el obligado al pago de las costas era el Ayuntamiento", habida cuenta de que la primer edil ha ganado otro litigio contra el Consistorio, "precisamente" por el mismo motivo.

Todo gira en torno a una demanda por presunta vulneración de derechos fundamentales promovida en septiembre de 2015 por la alcaldesa contra el propio Ayuntamiento alixeño. Y es que poco antes, el pleno del Consistorio, entonces gobernado en solitario y minoría por el PSOE, aprobó en su pleno un recurso de reposición de Juntos por Castilleja, que anulaba el acuerdo previo relativo la declaración de incompatibilidad de la alcaldesa y de la concejal socialista María José Lobo, al ostentar en el propio Ayuntamiento puestos de empleada auxiliar administrativa y funcionaria interina, respectivamente.

Según la denuncia del PP, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis declarase la "inadmisibilidad" de la demanda, la alcaldesa elevó el asunto a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en abril de 2016 rechazó las acciones judiciales de Carmen Herrera, condenándola al abono de las costas del procedimiento judicial correspondiente a la segunda instancia.

A tal efecto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis fijó las costas a pagar por la alcaldesa en 1.452 euros. No obstante, y según refleja la denuncia del PP, en abril de este año, el mencionado juzgado indicaba que "se había producido el depósito de la citada cantidad por el Ayuntamiento, decretándose su devolución porque el Ayuntamiento es acreedor de cantidades (como parte demandada) y no deudor de las mismas". Señala así el PP en su denuncia "el pretendido abono de una deuda personal y particular de la alcaldesa, con cargo a fondos públicos", extremo que podría ser considerado como un presunto delito de "malversación".

EL INFORME DEL INTERVENTOR

Media en el asunto, en ese sentido, un informe fechado por el Interventor del Ayuntamiento alixeño el 26 de abril de este año, días después del decreto el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis ordenaba devolver los 1.452 euros depositados por el Ayuntamiento para el pago de las costas, recordando que la Administración no era deudora de tal cuantía, sino unas de las partes acreedoras.

En su informe, recogido por Europa Press, el interventor expone que "debido a la sobresaturación de trabajo, habida cuenta del personal con el que se cuenta, la gran cantidad de asuntos que se tramitan y el escaso tiempo disponible para su estudio, se ha cometido un error administrativo, en el sentido de considerar (...) que el obligado al pago de las costas era precisamente el Ayuntamiento y no la reclamante, pensando que se trataba del procedimiento judicial que había ganado precisamente la misma".

Recordemos al respecto, que tras perder la alcaldesa este litigio por la vía de derechos fundamentales, a finales de 2016, primero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis y después el número 12, resolvían en otro sentido las nuevas impugnaciones promovidas por el edil socialista Miguel Ángel Espinosa y de nuevo por la alcaldesa, respectivamente, utilizando otros argumentos judiciales.

MÁS CAUSAS JUDICIALES POR EL MISMO ASUNTO

Dado el caso, ambas instancias, el 29 y el 30 de noviembre de 2016, estimaban sendos recursos y anulaban el acuerdo plenario de fecha 1 de septiembre de 2015, es decir anulaban la decisión de estimar el recurso de reposición de Juntos por Castilleja.

Volviendo al informe del interventor, el mismo expone que una vez detectado el "error" a cuenta del mencionado decreto del juzgado, que señala que el Ayuntamiento "es beneficiario, entre otros, del ingreso" de las costas a las que fue condenada la alcaldesa, se procedía así a reintegrar a las arcas municipales los mencionados 1.432 euros.

Dado el caso, el Gobierno local socialista expone que el PP "ha tenido vista del expediente", pero ha formalizado una "denuncia falsa" contra la alcaldesa, "a sabiendas y conocedores del informe del interventor, que clarifica perfectamente la situación". "La denuncia falsa es un delito y se emprenderán todas las acciones que sean aplicables en derecho", han señalado a Europa Press fuentes municipales.