Una interventora ve "indicios" de "menoscabo" de fondos en el préstamo de 36 millones de la Junta a Santana

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una interventora de la agencia IDEA ha declarado este jueves ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha asegurado que hay "indicios" de "menoscabo" de fondos en el préstamo de 36,1 millones de la Junta de Andalucía a la empresa Santana Motor.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la interventora de IDEA, María Luisa Royo, ha comparecido en calidad de testigo-perito ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y, a preguntas de los letrados que ejercen la acusación en nombre del PP-A, ha señalado que existen "indicios" de este "menoscabo" de fondos.

La interventora, que ha comparecido dentro de las diligencias previas incoadas para investigar este préstamo a Santana Motor, ha puesto de manifiesto que, en el año 2010, IDEA calificó el préstamo como "deteriorado" pese a que el primer plazo del pago estaba previsto para 2013, lo que le llamó "poderosamente" la atención.

Asimismo, y según han indicado las mismas fuentes consultadas, la interventora ha asegurado en su comparecencia que lleva ya un tiempo analizando las cuentas de la empresa Santana Motor, de manera que en septiembre tiene previsto exponer las conclusiones de este informe específico.

De igual modo, la interventora ha puesto de manifiesto a lo largo de su declaración que el préstamo a la referida empresa coincidió en el tiempo con su liquidación.

La juez también ha citado como testigo este jueves, dentro de la investigación referida a Santana Motor, al ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández.

Fue la juez Mercedes Alaya la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, abrió en febrero del pasado año 2015 una investigación para determinar si la Junta incurrió en delito al alterar un convenio para convertir un crédito de 36,1 millones a Santana Motor en una ayuda a fondo perdido.

Los hechos tienen su origen en el convenio firmado el 17 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para el desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno por parte de Santana Motor.

El citado convenio regulaba la concesión de un crédito reembolsable de 36.105.044 euros al 0 por ciento de interés y un periodo de amortización de diez años --de 2014 a 2023-- y cuatro de carencia. IDEA otorgó posteriormente el préstamo a Santana Motor, con las preceptivos acuerdos de su consejo rector de IDEA y del Consejo de Gobierno de la Junta.

La Fiscalía tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades tras incorporarse a la causa de los ERE el informe de actuación que el ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández emitió el 26 de febrero de 2014 al apreciar menoscabo de fondos públicos.