Antonio Maíllo.
EUROPA PRESS/IU ANDALUCÍA
Actualizado: martes, 7 junio 2016 14:16

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha anunciado que su grupo preguntará en la sesión de control al Gobierno andaluz de este jueves por las "presiones" que, según ha dicho, sufrió el funcionario instructor de la multa a Endesa tras la "estafa" de ésta a más de 400.000 familias andaluzas y ha acusado a la Junta de actuar con "negligencia e incompetencia" al dejar prescribir la sanción, mientras que ha mantenido que la presidenta Susana Díaz actúa como "guardiana de los intereses del Ibex35".

En rueda de prensa en Sevilla, Maíllo ha expuesto este martes que, tras la "estafa" de unos veinte millones de euros que Endesa hizo a sus clientes, la Junta cometió una "negligencia interesada" con este asunto y ha explicado que cuando el funcionario que instruía este caso renunció a su puesto "por las presiones para que no hiciera propuesta de multa", la Consejería de Economía "aprovechó esa renuncia para ganar tiempo de modo que cuando llegó el nuevo instructor no pudo más que dar carpetazo al asunto porque el tiempo para la instrucción ya había caducado".

A su juicio, esa "actuación negligente" se acompaña de la actuación "políticamente irresponsable" de Susana Díaz, "la gran amiga de Endesa y de las eléctricas que estafan a las familias andaluzas". En ese sentido, ha señalado que, si a nivel nacional son el PP y Ciudadanos los partidos que adoptan en papel de "defensores de las grandes empresas, en Andalucía es Díaz".

En la misma línea, ha criticado la "inmunidad" que tienen las grandes empresas, fruto de la "administración pública", y ha ironizado sobre si las reuniones que la presidenta andaluza mantuvo con el responsable máximo de Endesa, Borja Prado, servirían como ella dijo para "dar tranquilidad a los inversores o para ser la buena guardiana de los privilegios del Ibex35".

Así, IULV-CA prevé que el próximo jueves el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, o el propio vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, conteste en el pleno del Parlamento a su pregunta y expliquen "qué ha pasado con un expediente que podría haberse resuelto en cuatro o cinco días o incluso con menos tiempo y que, sin embargo, ha ido durmiendo el sueño de los justos, presumiblemente con presiones al instructor inicial".

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