Apoyo unánime de la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla a Núñez tras la denuncia de Anticorrupción

La juez María Núñez Bolaños
EUROPA PRESS - Archivo
Actualizado: lunes, 8 julio 2019 14:40

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla ha querido trasladar este viernes su "apoyo y afecto", a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada María Núñez Bolaños, tras la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra ella por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA.

En el acta, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta, a través del juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, del juez de refuerzo que sustituye a María Núñez tras haberse dado de baja hace un par de semanas, Ignacio Vilaplana, y de los jueces de otros 13 Juzgados de Instrucción, se ha querido pronunciar ante "las informaciones vertidas" en los últimos días "con referencia a la actividad jurisdiccional" que desarrolla la propia juez Núñez.

En este sentido, han aprobado por unanimidad expresar su "apoyo y afecto" a su compañera y, además, pedir que "sea respetada" tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Cabe apuntar que en la denuncia que se trasladó al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, el Ministerio Público considera que la juez podría haber incurrido en una falta grave o muy grave, ya que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

"La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos", expone en un comunicado.

La juez Núñez, que sustituyó en el Juzgado número 6 a Mercedes Alaya en 2015, está a cargo de la investigación sobre los expedientes de regulación de empleo presuntamente irregulares, que ha estructurado en más de una docena de piezas separadas, pero asume asimismo otras causas de corrupción como las mencionadas Avales e IDEA.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tiene su origen en la queja que hicieron llegar a Luzón los seis fiscales de esta especialidad delegados en Sevilla sobre el trabajo de la instructora, que en la actualidad se encuentra de baja por razones que no han trascendido. En un escrito el pasado mes de junio trasladaban su disconformidad con el modo de proceder de Núñez Bolaños y el impacto que las dilaciones en la adopción de diligencias estaba teniendo en estos procedimientos.

Anteriormente, dos de estos fiscales delegados interpusieron un recurso de apelación contra el auto del 27 de mayo en el que la juez ordenó archivar de la causa que investiga las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al entender que se "han desvanecido" los indicios de que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas.

En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, los delegados de Anticorrupción advierten que el archivo de esta causa imposibilita "hacer avanzar la investigación" de unos hechos que podrían constituir infracciones penales, generando así "el riesgo, cada vez más cierto, de prescripción de los delitos" en el caso de que lo hubiera.

En la misma línea, criticaban que la magistrada "no haya acatado" resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla que se realizaran diligencias consistentes en la elaboración de un atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

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