Apertura de juicio oral a nueve acusados por presunto fraude en ayudas a formación

La juez ve que gran parte del dinero defraudado se canalizó simulando la cesión del servicio de docencia y otros "mecanismos ficticios"

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra nueve personas, entre las que está el empresario de la entidad Formación Integral Para el Empleo, José Sivianes, y la mujer de éste-- por presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil, tras organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que durante tres años --de 2010 a 2012-- sumaron más de cinco millones de euros, cursos que presentan numerosas irregularidades.

Según ha informado el TSJA, tras investigar los hechos denunciados, la juez concluye que "gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios".

En el auto con el que la juez concluyó la investigación de los presuntos hechos delictivos, se señala que la inspección de Hacienda "ha estimado que para los ejercicios fiscales del 2011 y 2012 se ha realizado una efectiva defraudación superior a los 120.000 euros, para cada ejercicio, y tanto en la declaración del IRPF como en la tributación correspondiente al impuesto de sociedades".

Además, la juez ve indicios de fraude de subvenciones correspondientes a ayudas de formación "por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros y delito continuado de falsedad documental.

En el auto de procedimiento abreviado, de noviembre del año pasado, se indicaba que la entidad Formación Integral Para el Empleo "tenía contratado un contable que sabía justificar cursos de formación y llegó a tener hasta tres contables".

La juez hace referencia en su escrito de conclusión de la instrucción, que la actuación presuntamente ilícita "es posible al amparo del sistema que regula la Orden de 23 de octubre del 2009, art 102, que desarrolla el Decreto 335/2009 (...), limitándose la Administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".

En este sentido, los beneficiarios de Formación Integral para el Empleo "no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados a almacenar las mismas y, presentar, simplemente, un informe de auditoria externa que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas"

Para el empresario de Formación Integral para El Empleo S.L. y para su mujer se ha acordado una fianza de tres millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles y para los otros siete acusados una fianza de 20.000 euros cada uno de ellos. En este momento, sólo dos partes acusadas han presentado escritos designando bienes o participaciones a efectos de embargo.

Cabe recordar que la Fiscalía de Sevilla solicitó en su escrito de conclusiones provisionales, el pasado mes de marzo, penas de entre 6 y 12 años de cárcel para Sivianes y los otros ocho acusados en relación con las ayudas que recibió en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados.

Concretamente el Ministerio Público solicitó 12 años de cárcel para José Sivianes como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados pide penas de entre 6 y 8 años por estos mismos delitos.

De igual modo, la Fiscalía solicita que todos los acusados por estos dos delitos de fraude de subvenciones indemnicen conjunta y solidariamente con 2.750.627 euros a la Junta de Andalucía, mientras que también solicita que la mercantil Formación Integral para el Empleo pague una multa de 5.501.254 euros.