Imponen fianzas civiles por 416.000 euros a dos exsecretarias de Guerrero

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil que suman 416.125,12 euros a dos exsecretarias del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

   En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada fija una fianza civil de 336.125,12 euros para María Ángeles Gala y de 80.000 euros para Rocío Sayago, a quienes la juez imputó en su declaración del pasado mes de diciembre un delito de tráfico de influencias y tres delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos.

   Alaya considera que Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, y Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido "conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, a sabiendas de la absoluta ausencia de procedimiento, y de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos".

"PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE LANZAS SOBRE GUERRERO"

   Además, las dos imputadas "serían conocedoras de los numerosos 'intrusos' en pólizas de prejubilaciones" de distintas empresas, tal y como señala este lunes 'Diario de Sevilla'.

   La juez también les atribuye haber sido "plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados" y del "presunto tráfico de influencias" del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas sobre Guerrero "y del negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros".

   En el caso de Gala, Alaya le imputa haber conseguido, "a través de la influencia ejercida sobre Guerrero y del contacto que tenía con Lanzas", que "su amigo" José Luis Llorente Herrero fuera incluido en la póliza de rentas de la empresa Aglomerados Morell de 6 de junio de 2008, a quien "por mediación" de Lanzas "se le haría en la citada empresa un contrato de trabajo simulado" que supuso un coste para la Junta de 165.585,75 euros.

   En relación a Sayago, la instructora asevera que "su indiciario conocimiento de la arbitrariedad en la concesión de las ayudas con total ausencia de procedimiento se vería acreditado además" con el hecho de que, "a través de la influencia ejercida en Guerrero, conseguiría que la empresa de su marido --Coflosur-- recibiera  el 5 de marzo de 2004 una ayuda directa a empresa por importe de 60.000 euros".