SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado en la noche de este martes el ingreso en prisión provisional, eludible bajo fianza de 600.000 euros, del dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, según han informado a los periodistas fuentes del caso.
La decisión de la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla se ha producido después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación ejercida por el PP solicitaran en una comparecencia previa el ingreso en prisión pero sin fianza del imputado, a quien la juez imputa una decena de delitos.
De su lado, la Junta de Andalucía, personada también como acusación en esta causa, no solicitó el ingreso en la cárcel del propietario de Uniter y únicamente que compareciera periódicamente ante el Juzgado y la retirada del pasaporte, petición a la que se adhirió la acusación ejercida por el sindicato UGT.
En el auto de prisión, consultado por Europa Press, la magistrada fija una fianza de 600.000 euros, la misma cantidad acordada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial al dejar en libertad a varios de los imputados, entre ellos los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín --que la abonó y pudo salir en libertad-- y María Vaqué, que continúa en prisión.
En el mismo auto, la instructora nombra al Consorcio de Compensación de Seguros como administrador judicial de Uniter y Cureña e impone a González Mata una fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones de euros, frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 177 millones de euros más el tercio legalmente previsto.
Una vez le ha sido notificado el auto de prisión, pasadas las 22,30 horas, el propietario de Uniter ha sido conducido por la Guardia Civil a la cárcel de Sevilla-I.
EL ABOGADO TACHA LA DECISIÓN DE "DISPARATE"
Tras conocer la decisión, el abogado del imputado, Juan Pedro Cosano, ha atendido a los periodistas visiblemente afectado y ha tachado de "contraproducente" que la juez le haya impuesto una fianza de 600.000 euros al mismo tiempo que mantiene bloqueadas 84 cuentas bancarias que se encuentran a nombre del dueño de la mediadora o de algunas de las empresas vinculadas a Uniter, como son Cureña S.L. o Ingotor Seguros S.L..
Se trata de un "disparate y un sinsentido que no sirve a ningún fin constitucional", porque en estas circunstancias la fianza "se convierte en ilusoria", ha aseverado el letrado, quien ha propuesto prestar la fianza en forma de garantía hipotecaria y no en efectivo, a lo que la magistrada se ha negado, por lo que ha anunciado que recurrirá su decisión directamente ante la Audiencia Provincial a fin de "intentar modificar la situación personal" de su patrocinado.
A su juicio, la decisión adoptada por la magistrada "está basada en temas metajurídicos".
La juez Alaya imputa al propietario de Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
CUATRO IMPUTADOS PERMANECEN EN PRISIÓN
Hay que recordar que en la causa de los ERE hay unas 60 personas imputadas, cuatro de las cuales se encuentran actualmente en prisión, como son el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas; los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, y el presunto 'testaferro' de los ERE Eduardo Leal del Real.
La Audiencia ha dejado en libertad sin fianza de 450.000 euros a Juan Lanzas y de 600.000 euros a María Vaqué, aunque ninguno de los dos ha podido hacer frente al pago y por ello continúan en prisión.