La juez Alaya prorroga por séptima vez el secreto de la operación 'Madeja'

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por séptima vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación 'Madeja', por la que hay dos personas encarceladas y en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que prorroga un mes más el secreto de las actuaciones decretado por primera vez el pasado julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, y otras dos personas vinculadas a Fitonovo y a Fiverde.

La instructora, según las fuentes, únicamente ha notificado la parte dispositiva del auto, todo ello después de que, en uno de los últimos autos de prórroga, incluyera por error que había acordado la intervención, grabación y escucha de una decena de líneas telefónicas utilizadas por funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, lo que obligó a adelantar una operación prevista por la Guardia Civil para más adelante en la que fueron detenidas cinco personas, tres de las cuales ingresaron en prisión.

De estas tres personas, únicamente permanecen en prisión desde el pasado 19 de diciembre el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró y el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, ya que el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000 euros.

DOS FASES

La operación 'Madeja', desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron inicialmente en prisión tres.

De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

CONTABILIDAD 'B'

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.

En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.