La juez amplía la investigación sobre la mina de Aznalcóllar y la entrega a la Guardia Civil

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha ampliado la investigación en torno a la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar y ha encargado dicha labor a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un auto fechado el día 31 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco se pronuncia de este modo después de que la Audiencia Provincial de Sevilla la ordenara reabrir la investigación al apreciar "indicios de ilegalidades severas y arbitrarias" en dicho procedimiento administrativo y entender que se habría vulnerado de modo "flagrante" la Ley de Minas.

La magistrada considera "necesario" ampliar las investigaciones realizadas hasta la fecha "para aclarar la intervención real en el concurso y adjudicación cuya investigación tienen por objeto las presentes actuaciones" de la entidad Minorbis "ante la posibilidad de que hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial" del Grupo México.

En este sentido, la instructora pide a la Guardia Civil que investigue "el papel real desempeñado" por la entidad Minorbis y "las circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales --desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación-- para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración".

La juez, de este modo, ordena a la UCO que indague si Minorbis "disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios por importe de 1.200.000 euros, a los que habría que sumar la cantidad que Grupo México se compromete a reembolsar a Minorbis en concepto de gastos razonables en los que habría incurrido directamente relacionados con el impulso y desarrollo del proyecto, por importe de un millón de euros pagaderos en un plazo de 30 días contra la presentación de los documentos justificativos".

"Esta investigación debe enmarcarse junto con el dato del control absoluto de Minera Los Frailes por parte de AMC Mining Iberia (Grupo México), donde sólo ha quedado una exigua participación social de Minorbis sujeta a todo tipo de obligaciones y garantías: prenda, opción de compra, pérdida de la condición de socio, incluso un derecho de tanteo sobre posibles terceros adquirentes de participaciones de Minorbis", asevera la instructora

La juez señala que, una vez que la UCO complete esta investigación, se resolverá si procede la declaración como investigados de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de Minorbis.

De otro lado, y en cuanto a las declaraciones solicitadas de seis miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación que participó en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la juez solicita a la Fiscalía y a las acusaciones personadas --Emerita, Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias-- que "se pronuncien sobre los extremos sobre los cuales se proponga la citación como investigados" de los mismos.

COMPLEJIDAD

De igual modo, pide a la Dirección General de Industria, Energía y Minas que aporte la resolución de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza la explotación de la reserva por Minera Los Frailes de 3 de junio de 2016, reclamándole además que informe "del estado y circunstancias concretas en las que se encuentren actualmente las actividades de exploración de haberse iniciado".

De esta forma, pide que se amplíe el informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas "sobre la aceptación del resultado del concurso internacional" para la explotación de la mina de Aznalcóllar.

Sobre el acuerdo de la Audiencia Provincial para que se volviera a solicitar un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la juez dice que dicha prueba "sí consta cumplimentada y recibida" en el Juzgado, aunque precisa que el informe fue emitido "a petición de empresas o particulares, no constando que hubiese un pronunciamiento oficial del organismo regulador de la cuenca".

Por último, la juez da traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que se pronuncien, en un plazo de tres días, sobre la declaración de complejidad de la causa, lo que permitiría ampliar la investigación 18 meses más.