La juez del caso Aznalcóllar rechaza imputar a la directora de Minas al no ver indicios de delito

Vuelve a requerir a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que analice determinados aspectos del concurso

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha rechazado citar como investigada --antes imputada-- a la actual directora general de Industria, Energía y Minas, Natalia González Hereza, al entender que no existen indicios de delito contra ella.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez rechaza la solicitud realizada por la empresa Emerita Resources España, ya que "no se entiende que en el estado actual de la presente instrucción concurran elementos suficientes para citar con la condición de investigada" a la directora de Minas por delitos contra la Administración de Justicia, prevaricación, desobediencia, tráfico de influencias y encubrimiento.

Y es que la juez no aprecia "indicios de delito que justifiquen acceder a dicha solicitud", según expone en este auto dictado el pasado día 11 de mayo y consultado por Europa Press.

Al hilo de ello, la magistrada alude a la respuesta emitida por la directora general de Minas acerca de la solicitud efectuada desde el Juzgado para que se remitiese la resolución o acto administrativo por el que se aprueba el proyecto de investigación que ampare los trabajos que se estén llevando a cabo actualmente en la mina de Aznalcóllar, pronunciándose sobre si da por válido o no la aceptación de Minera Los Frailes S.L..

"Ciertamente, la contestación emitida desde la citada Dirección
General no da respuesta a todas las cuestiones suscitadas en su día,
aunque sí es cierto que afirma que se ha dado plena validez a la aceptación de la adjudicación por parte de Minera Los Frailes", todo ello "sin que por lo demás sea la directora que suscribe dicho informe
competente para determinar qué cuestiones son ajenas o no y guardan o
no relación con el procedimiento penal" que se investiga.

Emerita también había solicitado a la instructora que ampliara la investigación, tanto en las personas como en los delitos investigados, incluyendo los delitos de desobediencia y contra la Administración de Justicia, "cometidos posteriormente al acto de adjudicación", a los que deben unirse los de encubrimiento, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.

Con relación a esta petición, la magistrada asevera que "no procede en el estado actual de la presente instrucción citar para prestar declaración a nuevos investigados o ampliar las imputaciones realizadas hasta la fecha", todo ello "sin perjuicio de lo que proceda acordar tras el resultado de las diligencias de investigación actualmente en curso".

En este sentido, la juez dice que la investigación se encuentra a la "espera" de la información que vaya proporcionando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre todo tras el "estudio y análisis" de los correos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

EL VOLCADO DE CORREOS

La juez, en este punto, considera "previsible" que "pueda alargarse en el tiempo la labor de estudio y análisis encomendada, por el número y extensión del material", por lo que acuerda que, "en caso de prolongarse en el tiempo" dicha diligencia, la UCO "proceda a la dación de cuenta quincenal a este Juzgado de los extremos que puedan ser relevantes para la presente investigación".

Sobre este extremo, la instructora recuerda que la Sección Séptima ya determinó que "no estamos ante una diligencia que afecte al derecho relativo al secreto de las comunicaciones al tratarse del examen de correos ya abiertos por su destinatario".

En el auto, la juez también accede a la petición realizada por la entidad SC Andalucía Mining en el sentido de dirigir una nueva petición a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) formulando su "expresa" petición para el estudio y análisis de determinados aspectos relacionados con el concurso.

Cabe recordar que la IGAE decidió no realizar ningún dictamen jurídico sobre la validez de la normativa que regula el concurso público de la mina de Aznalcóllar, al estimar que el informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla "desborda las funciones y competencias" de dicho organismo.

Ahora, la instructora libra oficio a la IGAE interesando "se preste a este Juzgado el auxilio judicial requerido" y le pide que analice la documentación administrativa y económica financiera del procedimiento administrativo seguido por la Junta para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.

Asimismo, la juez solicita a la IGAE que analice la "adecuación de los actos producidos en dicho procedimiento a los principios establecidos en la ley de contratos del sector publico, en las materias de análisis-funciones y competencias de la IGAE".

También le pide que aborde el "cumplimiento por la Mesa del Concurso (en la cual participaba el interventor delegado de la Junta de Andalucía) y la Comisión Técnica de dicha Mesa durante dicho procedimiento administrativo de las obligaciones de control interno y auditoría de la actividad económico administrativa del sector público".

IGAE

"Específicamente", le pide que analice el cumplimiento adecuado de la Mesa de los aspectos sobre "validez y cumplimiento de los requisitos de la solicitud para participar en dicho concurso de la entidad Minorbis Grupo México y de los documentos de compromiso aportados sucesivamente", así como que estudie la "adecuada acreditación de la solvencia económico financiera de la empresa participante en dicho concurso, Minorbis Grupo
México", y la "adecuada valoración de los apartados correspondientes a la viabilidad económica financiera de su proyecto".

A efectos de cumplimentar dicha solicitud de auxilio judicial, la magistrada requiere a la IGAE que examinen el decreto-ley 9/2013 de 17 de diciembre por el que se articulan los procedimientos "necesarios" para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y la resolución de 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convoca el concurso para la adjudicación de los derechos mineros.

Asimismo, la magistrada quiere que la Intervención analice "todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, comprendiendo los trabajos desarrollados por la comisión técnica y la mesa de contratación que concluyen con la resolución de la dirección general de Industria de 25 de febrero de 2015", por la que se adjudicó a Minorbis-Grupo México la "preferencia" en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar.