La juez del caso Aznalcóllar suspende el volcado y entrega a la UCO de correos de altos cargos

La magistrada toma esta decisión "por razones de seguridad jurídica" al no haberse resuelto los recursos presentados por las defensas

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez de Sevilla que investiga la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha suspendido este lunes el volcado y entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los correos intervenidos a tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio al no haberse resuelto los recursos de las defensas contra esta decisión.

Hay que recordar que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, dictó el pasado 9 de febrero un auto, consultado por Europa Press, en el que citó a la Guardia Civil para que se personara en el Juzgado y procediera al volcado de los datos almacenados en un disco duro y que fueron recopilados por los agentes en la Consejería de Empleo el día 23 de enero.

No obstante, y según el acta de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada pone de manifiesto que "no se ha podido resolver sobre la petición de suspensión formulada, al encontrarse las actuaciones en Fiscalía", por lo que "por razones de seguridad jurídica" accede a la petición de suspensión de la diligencia señalada "a la espera de lo que se resuelva sobre las peticiones en curso".

A la comparecencia celebrada en la mañana de este lunes han asistido un agente de la UCO y los abogados de varios investigados, entre ellos el letrado de la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio, que pidió la suspensión del acto de volcado de los correos al entender que podría causar "irreparables perjuicios" y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación "prospectiva".

En un auto fechado el 9 de febrero, la juez recuerda que fue el 17 de enero cuando autorizó la obtención y el volcado de los correos electrónicos que constaran almacenados en el servidor informático de la Junta relativos a las cuentas de correo corporativo asignadas a las personas señaladas en dicha resolución, "y siempre respecto de materias y datos de relevancia" para la investigación.

Tras ello, y después de personarse el 23 de enero en la sede de la Consejería, la UCO elevó un oficio al Juzgado informando de las circunstancias "completas" acontecidas en relación a la obtención de los correos interesados, fechados entre los años 2013 y 2016, adjuntando el material obtenido.

Una vez recibido este oficio, la instructora autorizó a la UCO "al volcado y estudio, única y exclusivamente, de aquellos pasajes de los correos que, encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa, resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan y que puedan figurar" en una veintena de direcciones de correo electrónico.

Entre estas cuentas, se encuentran la de María José Asensio; la de su antecesor en la Consejería, Luis Nieto, y la del interventor general de la Junta y ex secretario general de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández, mientras que el resto de correos intervenidos pertenecen a los miembros de la Mesa y de la Comisión Técnica del concurso.

INCLUYÓ INICIALMENTE AL CONSEJERO DE EMPLEO

Fue el pasado 17 de enero cuando la juez dictó un auto en el que acordó expedir un mandamiento dirigido a la Junta a fin de que de "forma inmediata, sin dilación alguna y en el mismo momento de su presentación, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia", hiciera entrega a la UCO de una copia de todos los correos electrónicos almacenados en los servidores informáticos relativos a las cuentas asignadas de manera personal a las personas referidas.

La juez, que decretó la apertura de una pieza secreta y separada de la investigación matriz, ponía de manifiesto en este auto que, "además del suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la Consejería" de Empleo, y en concreto al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado --que es aforado dada su condición de parlamentario andaluz--, el viceconsejero, Luis Nieto, y el secretario general de la Consejería en aquella fecha, Vicente Fernández.

En un escrito elevado al Juzgado, el consejero exponía que, "sin entrar en este momento en la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación masiva e indiscriminada, incluso temporalmente, de comunicaciones electrónicas, en su contraste con los derechos fundamentales, ruego ponga fin a cualquier medida limitativa de los citados derechos fundamentales en el seno de una causa penal respecto de personas que gozan de fuero por razón de su cargo".

"Por tanto, en caso de que el mandamiento ordene la entrega de las comunicaciones telemáticas remitidas o destinadas a mí, solicito que tal mandamiento sea revocado inmediatamente al objeto de garantizar el cumplimiento por el Juzgado de los mandatos constitucionales y legales, poniendo fin a sus efectos", dice el consejero en su escrito, donde denuncia que se trata de una actividad "prospectiva" al referirse "de forma indiscriminada y masiva a todas las comunicaciones de funcionarios y altos cargos, alguno no perteneciente a esta Consejería".

El consejero añade que el correo "es instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectados" por la investigación de la mina, de manera que "esta actividad de investigación masiva e indiscriminada que ampara el conocimiento masivo e indiscriminado del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones, legítimanente atribuidas al Poder Ejecutivo de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía", puede ocasionar "un grave perjuicio a los intereses generales sujetos a su tutela".

Por todo ello, solicitó a la juez que "adopte las medidas necesarias para evitar esta ilegítima invasión" y evitar, al mismo tiempo, que la UCO "obtenga comunicaciones que en nada atañen al proceso de adjudicación de la mina".