La juez del caso Tomares eleva al Supremo la causa de los contratos con Guerra 21

La Fiscalía había señalado la condición de aforado de José Luis Sanz y que por tanto debía "procederse" conforme a lo reglamentado

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha resuelto elevar al Tribunal Supremo (TS) "testimonio íntegro" de la causa relativa a las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares, gobernado por el popular José Luis (PP), a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella, toda vez que la Fiscalía había señalado la condición de aforado del alcalde como senador por la provincia de Sevilla, considerando que debía "procederse" conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.

En una providencia fechada este pasado 9 de noviembre y recogida por Europa Press, la juez María de los Reyes de Flores indica que "visto el informe evacuado por el Ministerio Fiscal" acerca de estas diligencias judiciales, "procede elevar la exposición razonada requerida a la sala segunda del Tribunal Supremo, con testimonio íntegro de la causa".

Estas diligencias judiciales concretas se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto, toda vez que ya en 2015, el Tribunal Supremo archivó las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

NUEVA CAUSA

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.

Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial y en las que se encuadra la reciente providencia de la juez, se centran en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual".

Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio, según el cual "las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal".

VARIOS INVESTIGADOS

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias estarían investigados, principalmente, los administradores de la sociedad Guerra 21; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.

En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, precisando que "un investigado es aforado", en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los "indicios que pesan" sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos", el Ministerio Público exponía que "debe procederse" conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.

Tras el citado escrito de la Fiscalía, por cierto, el propio José Luis Sanz se personaba en las actuaciones judiciales por propia voluntad, reservándose "el derecho a instar la nulidad de las actuaciones si se constata una vulneración del legítimo derecho de defensa, teniendo en cuenta que las diligencias fueron incoadas hace más de tres años, sin haber tenido intervención alguna en ellas".