Un juez de Sevilla procesa a los investigados por una estafa de medio millón al promotor de un restaurante

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga una presunta estafa cometida por comerciales y representantes de una empresa de distribución energética, que implicaría supuestas "mordidas" de las cuantías cosechadas por estas personas de las víctimas, a las que ofrecían financiación mediante productos relacionados con la mencionada sociedad; ha acordado continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.

En un auto emitido el pasado 25 de septiembre y recogido por Europa Press, el juez Juan Gutiérrez Casillas expone que de las diligencias practicadas, se desprende que a finales de 2017, el denunciante del asunto, residente en Mijas (Málaga) y representado por el letrado Germán Grima, del despacho Ateneo Abogados, "pretendía abrir un local de hostelería Marbella, precisando para ello de financiación para adaptar el local que tenía previsto, así como liquidez para adquirir productos alimentarios y bebidas para la puesta en funcionamiento del negocio".

En ese marco, el denunciante conoció a Iván C.G., "persona que supuestamente le iba a conseguir la financiación a través de la contratación de productos de la mercantil Gas Natural Servicios SDG, S.A, financiación que consistía en productos de instalación de eficiencia energética en dicho local con el compromiso de devolver dicha financiación en el plazo máximo de diez años junto a la factura de gas".

A partir de ahí, siempre supuestamente y según figura en el auto, dicho investigado "indicó al denunciante que para conseguir la financiación necesitaba una sociedad que superase el scoring (evaluación bancaria) de solvencia, por lo que necesitaba comprar las participaciones sociales de una sociedad que Iván C.G. tenía localizada en Madrid" llamada Esferared S.L.

CONDICIONES DESVENTAJOSAS

"Una vez que el denunciante adquirió las participaciones de la sociedad, el investigado, siempre según el auto, "le presentó las condiciones de la financiación que ofrecía la sociedad Gas Natural Servicios SDG, considerando" el afectado "que estas se encontraban muy por encima del resto de las financieras, pues dicha financiación se vinculaba a un contrato de mantenimiento de las instalaciones durante la vigencia del contrato por una cantidad fija bastante elevada y además la cantidad financiada generaba el 4,50% de intereses anuales".

Por este motivo, el denunciante desistió finalmente de la financiación que pretendía de la sociedad Gas Natural Servicios SDG, si bien según el mencionado auto del juzgado, a pesar de esta renuncia y de "no firmar ningún contrato con dicha entidad, el denunciante tuvo conocimiento de que se habían firmado dos contratos con dicha empresa, suplantando su identidad y produciéndole una deuda de 521.608,90 euros, IVA no incluido".

ACTUACIONES SIN PODERES

Además, y siempre supuestamente, "en fecha 22 de febrero de 2018 se firmó dicho contrato supuestamente con un apoderado de la sociedad Esferared llamado Bernabe A.G., persona que no está apoderada por la sociedad, simulando igualmente que dicho poder se confirió a través de escritura pública de fecha 11 de enero de 2018, e igualmente se firma por el representante de la sociedad Gas Natural Servicios SDG, David Rafael V.M., a sabiendas de que el anterior no tenía poder alguno respecto a la sociedad Esferared".

"Coincidiendo con la fecha del anterior contrato de fecha 22 de febrero de 2018, se firmó dicho contrato falsificando completamente la firma del denunciante y nuevamente se firma por el representante de la sociedad Gas Natural Servicios SDG S.A. David Rafael V.M. a sabiendas de que la firma plasmada de del denunciante era falsificada", señala el auto.

Según detalla el juez instructor Juan Gutiérrez Casillas, "la totalidad de la financiación fue abonada a favor de la sociedad Cityhouse Spain, que utilizaban los investigados para conseguir recibir la cantidad de dinero".

Dado el caso, el juez aprecia un presuntos delito de estafa, dos supuestos delitos de falsificación y un último delito de usurpación de identidad, ordenando la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los investigados, que son los tres citados y además Marcos C.C. y Carlos D.R. como también supuestos miembros de la trama.