Juicio a tres activistas de la PAH por un encierro en una sucursal del centro de Sevilla

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un Juzgado de lo Penal de Sevilla ha fijado para las 09,45 horas de este martes una vista oral, destinada a resolver los cargos por presuntos delitos de usurpación y coacciones que pesan sobre tres activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, en junio de 2015, protagonizaron un encierro en una sucursal bancaria de la plaza de la Campana de la ciudad hispalense, en demanda de acuerdos para la renegociación de sus préstamos hipotecarios.

Para cada una de estas tres personas, según han informado a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía reclama una pena de un año y ocho meses de cárcel, toda vez que el banco Santander, en cuya sucursal de la céntrica plaza de la Campana se celebró dicho encierro, habría retirado su acusación.

De las tres personas afectadas por este juicio, según las citadas fuentes, dos figuran entre la docena de personas que el pasado mes de diciembre, veían cómo el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla archivaba la causa incoada en su contra, por la ocupación de la misma sucursal bancaria el 11 de noviembre de 2015, pocos meses después del encierro del que parte el juicio de este martes. Entre esas 12 personas entonces imputadas y sobre las que fueron archivadas las actuaciones judiciales, por cierto, figuraba la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato.

Estas dos mismas personas, además, veían cómo el pasado mes de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria del Río sobreseía otra causa incoada en su contra en la citada instancia judicial, por una denuncia por presuntos desórdenes públicos, injurias, ocupación indebida, acoso y daños en la acampada instalada durante varios meses ante una sucursal bancaria de dicho municipio.

Ante dicha sucursal, estas personas y otras tantas reclamaban soluciones a los conflictos derivados de sus préstamos hipotecarios. El juez instructor, en ese sentido, ordenaba el sobreseimiento de las actuaciones, porque "no existen indicios (delictivos) suficientes que se puedan atribuir a los investigados".