La Junta avisa que no hay aún "relación causal" entre la contaminación de Coria del Río y la situación de los vecinos

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha manifestado este miércoles que aún no ha sido acreditada una "relación causal" entre las afecciones de los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona; por aspectos como la falta de acceso a los resultados de las pruebas analíticas del Instituto de Toxicología, al estar "judicializado" el asunto.

Así lo ha manifestado la consejera en el seno de la Comisión Parlamentaria de Salud, a preguntas de la diputada autonómica de Vox Ana Ruiz, quien le ha preguntado por el estudio epidemiológico que los vecinos esperan desde hace "dos años" y por el estudio "más exhaustivo" anunciado en marzo de 2023 junto con la Consejería de Política Industrial y Energía.

Al respecto, Ruiz ha señalado a la consejera que los vecinos denuncian aspectos como el "bebé intoxicado por benceno en el embarazo" a causa de la exposición de su madre, vecina de la zona, a los gases detectados en la misma.

La consejera ha respondido que su departamento "siempre ha actuado" en este caso, explicando que el citado estudio epidemiológico fue realizado y remitido al Juzgado, así como que fue acometida una "revisión retrospectiva" de la situación sanitaria de estas personas, un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta "específica" para estos vecinos; y "múltiples reuniones con expertos" de diversa índole. "Yo he visitado domicilios en la barriada", ha defendido la consejera.

Rocío Hernández ha señalado al respecto que "ahora mismo no hay relación causal" entre la situación sanitaria de los vecinos y la contaminación derivada de la fuga de hidrocarburos de la gasolinera, porque no han sido detectadas "afecciones cróncias en la población" ni "tampoco se sabe a qué componentes químicos han estado expuestos".

Y especialmente, ha avisado de que se desconoce los resultados de las pruebas analíticas del Instituto de Toxicología a "121" de los vecinos, "porque el proceso está judicializado" por la vía Penal; si bien ha mostrado su compromiso de seguir trabajando y "a disposición" del colectivo y los tribunales.

En el asunto pesa un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación; que expone que aún pesan "elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación".

EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TERRENOS

En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo, emitido el pasado 28 de agosto y recogido por Europa Press, se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del "seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control", señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como "el informe final del proyecto" de descontaminación.

Pero tras analizar pormenorizadamente el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que "si bien el proyecto tal y como estaba autorizado ha finalizado, las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación"; además de que "no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada haya sido agotada, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación".

A tal efecto, este departamento de la Junta señala que "procede la ampliación del proyecto de recuperación" voluntaria del suelo de cara a su descontaminación.

Sobre el asunto pesa además la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero.

LA SENTENCIA DEL TSJA

En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por el andalucista Modesto González, que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta "inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos", ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados; pero sin acceder a ordenar el plan de "realojo" pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, extremo que el colectivo decidió recurrir.

Recordemos que un informe de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses detectaba "un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales"; así como "un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas" con "grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir" y un "riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria".

"AFECCIÓN A LA SALUD"

Además, el informe señalaba que en muestras de sangre de ocho vecinos de la barriada Guadalquivir fueron detectadas "bajas concentraciones" de N-hexano, un disolvente orgánico con acción tóxica, y también de acetona, "con características toxicológicas importantes", señalando que median documentos que "acreditan la afección a la salud por parte de los habitantes de la barriada Guadalquivir".

Pesa de otro lado un informe emitido al respecto por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, con base en las "138 personas" de la barriada Guadalquivir de Coria incluidas en un estudio epidemiológico tras acudir a los centros de salud de la localidad en el último trimestre de 2017, a cuenta de este asunto.

Tras revisar el 80 por ciento de los historiales clínicos de estas personas, la Dirección General de Salud Pública de la Junta indicaba en su informe que en el 79 por ciento de estos casos no consta "atención en consulta posterior a 2018", asegurando que no hay "conclusiones claras desde un punto de vista clínico, acerca del impacto en términos de patología crónica, ni de riesgo a medio o largo plazo, de la exposición presuntamente ocurrida en el territorio de estudio".