Junta dará preferencia a la edad y la experiencia en los procedimientos selectivos del funcionariado interino

Aprobado el Decreto-ley que introduce un trato diferencial para colectivos prioritarios y asegura el mantenimiento del empleo público

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto-ley por el que se establece una nueva regulación en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Atendiendo al criterio recogido en la legislación europea de dispensar un trato diferencial por motivos de edad y experiencia profesional, estos procesos darán preferencia al personal que cese en su puesto de trabajo porque se haya adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procedimientos reglamentarios de selección o provisión. Como condiciones, se exige que venga prestando servicios con anterioridad al 1 de enero de 2005 y tenga al menos 45 años a 31 de diciembre de 2013.

La nueva regulación, en el marco del Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP), considera estas circunstancias con el objetivo de valorar debidamente la experiencia adquirida y demostrada por el colectivo de interinos en el desempeño de puestos de trabajo en la Administración andaluza.

De igual modo, se pretende contribuir a la conformación de un mercado de trabajo favorable a la integración social de colectivos prioritarios, entre los que se encuentran las personas trabajadoras de mayor edad, así como defender el principio prioritario del Gobierno andaluz en el sentido de mantener el máximo empleo público.

El Decreto-ley también dará respuesta a las necesidades de provisión de plazas en aquellas áreas que se consideran prioritarias y con necesidades específicas de efectivos, o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Las medidas contenidas en esta norma han sido objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta, celebrada con carácter extraordinario el pasado 21 de marzo a petición de las organizaciones sindicales CSIF, USTEA, UGT y CCOO.