Junta insta a sindicatos a plantear públicamente su alternativa al plan de ajuste o flexibilizar "posturas maximalistas"

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha instado este jueves ante el Pleno del Parlamento a los sindicatos que están negociando con la Junta los ajustes a los trabajadores públicos que planteen "una alternativa públicamente" o bien flexibilicen "las posturas maximalistas".

En respuesta a una interpelación parlamentaria del PP-A ante el Pleno de la Cámara, Martínez Aguayo ha garantizado que "mantendrá siempre abiertas las puertas a la negociación y el diálogo", y ha apelado al papel fundamental de los sindicatos en este momento económico, "de defensa de los intereses laborales, pero también de defensa del conjunto de la ciudadanía y de los intereses económicos y sociales colectivos".

"La respuesta sindical debe estar a la altura de las exigencias del momento y de las circunstancias. Lo que se pide es un ejercicio de responsabilidad, no con el Gobierno, sino con el conjunto de la sociedad andaluza", ha asegurado la consejera, quien ha mostrado su confianza en alcanzar un acuerdo en la mesa general de negociación prevista para mañana viernes.

La consejera ha explicado que, en la negociación que lleva a cabo su departamento con los sindicatos, el Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa unas propuestas, "que estamos negociando y que van encaminadas al mantenimiento del empleo público y a no destruir empleos".

Ha advertido de que "no está en nuestra mano cambiar el objetivo de déficit ni tampoco la no aplicación de la ampliación de jornada laboral ni las reducciones tan inaceptables que el plan incorpora para el resto de capítulos del presupuesto".

En su intervención, Martínez Aguayo ha recalcado que el compromiso del Gobierno andaluz es reforzar la administración pública y los servicios públicos, frente al modelo de "debilitamiento de lo público por el que apuestan otros".

Por ello, ha indicado que se busca avanzar en una administración pública más eficiente, al menor coste posible y que preste unos servicios públicos de calidad, "para que no se debilite el Estado del Bienestar ni se deterioren los servicios públicos".