La Junta de Jueces de Sevilla avisa de "deficiencias" en el traslado a Palmas Altas que hacen "inviable" la operación

Señala que "el traslado en las condiciones que se proponen no supondrá una mejora" y pide "reconsiderar" el planteamiento

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Jueces de lo Contencioso Administrativo, de Primera Instancia, Familia y Mercantil de Sevilla ha aprobado por unanimidad un acuerdo en el que avisa de que el traslado de los jugados de lo Contencioso, Mercantil y Primera Instancia a los edificios A y B del campus de la multicional Abengoa, comprado por la Junta de Andalucía como sede de la futura Ciudad de la Justicia, incurre en toda una serie de "deficiencias" que hacen "inviable" la mudanza hasta la resolución de tales incidencias, con lo que pide al Gobierno andaluz "reconsiderar" los términos actuales de la operación.

Como se informaba tiempo atrás, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía licitó hace meses, por 486.514 euros (sin IVA), las obras destinadas a acondicionar el edificio A del recinto de Abengoa, para que acoja despachos, salas de vistas, archivos y servicios complementarios de los primeros juzgados a trasladar al nuevo emplazamiento, al objeto de que el mismo acoja juicios este mismo año.

PRIMEROS JUZGADOS

En concreto, una vez habilitado este edificio A, según los planes de la Consejería, comenzará directamente el traslado allí de los 13 juzgados de lo Contencioso y de los cuatro de lo Mercantil, mientras para 2024 está prevista la mudanza de cuatro órganos de Primera Instancia a este edificio, que en total acogería 21 unidades judiciales; una vez se acometa la adaptación del edificio B, que se licitará próximamente, para que entre ambos acojan todos los juzgados de Primera Instancia.

Se trataría de los primeros trasladados, a acometer de modo progresivo hasta culminar todas las mudanzas previstas ya en el año 2028, cuando la nueva Ciudad de la Justicia centralizará la actividad de este servicio público, actualmente repartido en Sevilla entre la Audiencia Provincial y los Juzgados de Instrucción del Prado de San Sebastián y las diferentes unidades repartidas entre el Edificio Noga, el número 29 de la avenida de la Buhaira y el edificio Viapol.

Al respecto, el acuerdo alcanzado por la Junta de Jueces de lo Contencioso Administrativo, de Primera Instancia, Familia y Mercantil de Sevilla, tras valorar los planes de la Consejería para el traslado de los citados juzgados de lo Contencioso, Mercantil y Primera Instancia, avisa de que la Administración "no ha dado respuesta a las deficiencias observadas en los planos de las obras de adaptación", con lo que "debe reconsiderarse el proyecto sobre plano presentado".

EL EJEMPLO DEL JUZGADO NÚMERO 29

Por ejemplo, detalla que el espacio previsto para el Juzgado de Primera Instancia número 29 "no cuenta con los cuatro despachos para magistrados/as y las dos salas de vista", "sin que se aclare si el edificio B podrá albergar la totalidad de los juzgado de Primera Instancia con independencia de los previstos en el edificio A".

Los edificios, "al contrario de lo que se pretende, deben estructurarse con arreglo al servicio de Justicia y no adaptar este" a las instalaciones compradas para la Ciudad de la Justicia.

Y mientras el Ayuntamiento prevé una línea directa de Tussam entre el Prado y Palmas Altas; la coordinación para el plan de aparcamientos y mejoras viarias como el acceso sur a Palmas Altas; y la Junta ha prometido modificar el diseño del tramo sur de la línea tres del metro, actualmente en fase de revisión y actualización del anteproyecto original de 2011, para incorporar una parada en la Ciudad de la Justicia; la Junta de Jueces avisa de que aún "no se han resuelto los problemas de movilidad en transporte público".

Se trata, según consideran los jueces, de "deficiencias sobre plano que hacen inviable el traslado, hasta la resolución" de las incidencias observadas.

En su acuerdo, incluyen un anexo de once páginas que detalla cada una de las deficiencias, concluyendo que "el traslado en las condiciones que se proponen no supondrá una mejora en las instalaciones con las que actualmente cuentan los juzgados ni una mejora en el servicio público para los ciudadanos, ni para los profesionales ni para los empleados públicos".