La Junta multa con 920.000 euros a Telefónica y 828.000 a CaixaBank

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado sancionar con 920.000 euros a Telefónica Móviles de España por vulnerar los derechos de consumidores y usuarios en materia de información, y por otro lado ha acordado sancionar con 828.000 euros a CaixaBank, como sucesora de las entidades Cajasol y Banca Cívica, por "ocultar información en materia de participaciones preferentes".

   De esta forma, según ha informado el portavoz del Gobierno andaluz,  Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, se ha acordado una triple sanción a Telefónica Móviles de España por importe total de 920.000 euros por otras tantas infracciones de carácter "muy grave" relacionadas con la información a consumidores y usuarios.

   Vázquez ha explicado que el expediente ahora resuelto tiene su origen en la campaña de inspección del servicio de telecomunicaciones realizada por la Junta en 2011 y asignada al servicio de consumo de Huelva en el caso de la operadora multada.

   Como resultado de estas investigaciones, quedó probado que Telefónica Móviles "no informó, ni en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato, del coste del servicio de detalle de llamadas, y que tampoco indicó los precios en los contratos de pospago, infracción que se sanciona con 350.000 euros".

   La Junta agrega que la empresa "no facilitó facturas independientes de los servicios de tarificación adicional ni contratos a las personas usuarias finales en la modalidad de prepago, pese a su solicitud expresa (sanción de 350.000 euros)". Finalmente, la Inspección de Consumo comprobó que la operadora "no atendió las solicitudes de desconexión de los servicios de mensajería 'Premium' y de llamadas internacionales, que permanecieron activados con los consiguientes perjuicios económicos (sanción de 220.000 euros)".

   De acuerdo con la legislación autonómica de consumo, estas tres infracciones se tipifican como "muy graves" al concurrir circunstancias como "haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un elevado número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado".

   La Junta agrega que a estas circunstancias agravantes se añade también la derivada de que la empresa "cometió las infracciones valiéndose de su posición dominante en su sector". Según los datos facilitados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el año 2011 en que se hicieron las inspecciones, "Telefónica Móviles era, tras Vodafone, la segunda mayor operadora en el mercado de las telecomunicaciones de Andalucía", asevera el Gobierno andaluz.

   La Junta ha recordado que el sector de las telecomunicaciones "es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones en la comunidad autónoma". Desde enero de 2011 hasta la fecha se han presentado 17.661, lo que supone un 24 por ciento de las 71.796 presentadas en total".

   La empresa Telefónica ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno con una multa de 440.000 euros por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas, tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.

SANCIONES A CAIXABANK

   Por otro lado, la Junta ha acordado sancionar con 828.000 euros a CaixaBank SA como "sucesora universal" de las entidades extintas Cajasol y Banca Cívica por las infracciones cometidas por estas dos entidades en la comercialización de participaciones preferentes, esto es, por "ocultar información relevante en materia de preferentes".

   Vázquez ha apuntado que esta sanción a CaixaBank es fruto de dos expedientes abiertos a cada una de las extintas entidades y tiene su origen en 483 reclamaciones recibidas en los servicios de consumo de la Junta.

   De esta forma, de acuerdo con los procedimientos sancionadores instruidos, que se iniciaron en abril de 2013, "se considera probado que Cajasol primero y Banca Cívica después ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de estas participaciones preferentes ofertadas".

   Así, la Junta ha explicado que en algunos casos, las personas afectadas "no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra". Agrega que "tampoco se atendieron requerimientos de documentación formulados por la Inspección de Consumo de la Junta".

   Estos hechos, plasmados en 26 denuncias contra la antigua Cajasol y ocho contra banca Cívica, según explica Vázquez, son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la ley andaluza, esto es, "incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración".

   Son calificadas como "muy graves", toda vez que "son práctica continuada o habitual, producen una alteración social grave, originando alarma o desconfianza entre los consumidores, y por haberse realizado explotando la especial situación de indefensión o inferioridad de determinados consumidores; por haberlas cometido voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles". Estas circunstancias hacen que los actos denunciados se califiquen finalmente como muy graves.

   Respecto a la circunstancia de reiteración, el Consejo recuerda que la antigua Cajasol "ya fue sancionada de manera firme en siete ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo, cometidas entre 2009 y 2012".

   La Junta agrega que otra agravante tenida en cuenta, y asimismo recogida en la ley, es la relativa a la posición relevante de las entidades en el sector. En este sentido, ha recordado que Cajasol "llegó a ser la segunda entidad de banca minorista en Andalucía, mientras que Banca Cívica alcanzó el décimo puesto entre las entidades de crédito españolas y el sexto entre las cajas de ahorros".

   El Gobierno andaluz ha dejado claro que como atenuante se valora la "colaboración activa" mantenida por CaixaBank para atenuar los efectos de estas infracciones cometidas por las dos entidades desaparecidas. Así, Vázquez ha destacado el "esfuerzo" de la entidad para alcanzar acuerdos con los afectados por los preferentes y resolver las reclamaciones interpuestas en su día.

   Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, las sanciones impuestas se concretan en tres sanciones por cada antigua entidad denunciada. En el caso de Cajasol, una de 225.000 euros por infracción muy grave de incumplimiento de las condiciones de prestación de servicio; otra de la misma cuantía por incumplimiento de la información en la venta, y una tercera de 5.000 euros por no atender las medidas y requerimientos de la Administración. Las cantidades correspondientes a Banca Cívica son de 185.000 euros por el primero de estos motivos, la misma cifra por el segundo y 3.000 euros por el tercero.

ACUERDO PARA ESTE LUNES

   Preguntado por si estas sanciones a CaixaBank pueden afectar al futuro acuerdo que la Junta suscribirá con dicha entidad, Vázquez ha anunciado que el lunes próximo se va a firmar una acuerdo con el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, y ha descartado por completo que las sanciones vayan a tener influencia en dicho acuerdo, destacando que este convenio "es uno de los más sustanciosos para Andalucía".

   La Junta ha recordado que el 24 de septiembre de 2013 el Consejo ya impuso una sanción de 455.000 euros a CaixaBank por el mismo motivo y en los últimos dos años los servicios de Consumo de la Junta han registrado 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.