La Junta obliga a la realización de todos los exámenes de septiembre en respuesta a la huelga en la Hispalense

Los docentes convocantes recurrirán la resolución al entenderla "desproporcionada" en una actividad que no es servicio público esencial

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Relaciones Laborales y de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha emitido una resolución, al hilo de la huelga promovida para el próximo lunes por la Asamblea de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor Interino de la Universidad de Sevilla (US) por la precariedad de sus condiciones, en la que establece que en cada centro se realizarán todos los exámenes que se encuentren debidamente programados desde el día 11 de septiembre --desarrollo, evaluación y calificación de los mismos-- y que deberán atender estos servicios "los profesores indispensables", es decir, todos aquellos responsables de las asignaturas y departamentos correspondientes.

Ello obedece, según el texto de la resolución, al que ha tenido acceso Europa Press, a que la realización de estos exámenes a los estudiantes constituye "un servicio esencial cuya prestación debe ser garantizada"; ello, a pesar de que el comité de huelga pedía unos servicios mínimos del 0 por ciento, justificándolo en que "no existe causa que motive la imposición de servicios mínimos por no estar afectado ningún servicio público esencial de repercusión inmediatísima y urgente".

Concretamente, la resolución confirma que cada profesor que es responsable de una asignatura (impartida en distintos grupos) "está obligado con los alumnos de ese grupo, de acuerdo con el temario impartido, sistemática establecida y nivel de exigencia, a elaborar y desarrollar su examen, y posteriormente a corregirlo y calificarlo". Además, no hay opciones a convocar los exámenes en otras fechas, pues el calendario, "muy ajustado, ya se aprobó en mayo de 2016".

Y es que, sostiene la autoridad laboral, el conflicto laboral podría impedir al alumnado acceder al curso siguiente e incluso no poder acceder a la titulación de Grado o Máster, "lo que supone un grave perjuicio al interés general que exige establecer un equilibrio entre el derecho a la huelga de los trabajadores y el de los alumnos". "Es evidente que no se puede exigir al alumnado que sufra la pérdida de su derecho a la finalización de sus estudios", ni tampoco se puede impedir el cierre del curso académico, añade.

UNA DECISIÓN "BRUTAL"

Tras la resolución, el portavoz de la asamblea, Carlos Bueno, ha calificado en declaraciones a Europa Press de "brutal" una decisión "que es un gravísimo atentado al derecho fundamental de huelga". Aunque los servicios mínimos impidan una constatación efectiva del paro en los exámenes, "desde el lunes estaremos nominalmente en huelga".

Pese a que los docentes cumplirán la resolución, Bueno ha avanzado que recurrirán la decisión y ha recordado que la convocatoria es indefinida, por lo que, una vez pasadas las pruebas de septiembre, "seguiremos en huelga y afectará al curso".

El colectivo "nunca tuvo intención de que los exámenes se viesen afectados cuando en el mes de julio se anunció la convocatoria de huelga indefinida para septiembre", pues, según su portavoz, "siempre se pensó que en el marco de un proceso de negociación abierto en aquellas fechas la convocatoria ayudaría a encontrar una solución razonable que pusiese fin al conflicto".

"Sin embargo, no fue así. Insistimos en que nunca fue nuestra pretensión que los estudiantes no tuvieran exámenes en el mes de septiembre, sino la de facilitar la obtención de una solución a una situación absolutamente injusta, y no obstante nos hemos encontrado con la constatación de una nueva y gravísima vulneración de derechos al profesorado de las universidades andaluzas con la fijación, por parte de la Junta de Andalucía --a la que precisamente, tras una prórroga de la convocatoria del 4 al 11, pedían intermediación en el conflicto--, de unos servicios mínimos del 100 por ciento en los exámenes y sus correcciones", ha manifestado Bueno.

Para los afectados, "era difícil de imaginar que el Gobierno andaluz implantara semejantes servicios mínimos en una actividad que en absoluto puede entenderse como servicio público esencial: dichos servicios mínimos no se ven ni en las huelgas de sanidad".