La Junta pide 7,5 millones en fianzas civiles para dos presuntos testaferros del caso ERE

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este lunes fianzas de responsabilidad civil que suman 7,5 millones de euros para dos imputados en la causa que habrían actuado como presuntos testaferros de empresas de la Sierra Norte de Sevilla que recibieron ayudas.

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que tanto Rafael Ávila como José Enrique Contreras han comparecido este lunes ante la juez Mercedes Alaya y se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna medida para ellos.

   De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado para Rafael Ávila una fianza civil de 1,8 millones de euros, más el tercio legal correspondiente, mientras que para José Enrique Contreras ha pedido una fianza civil de 3,8 millones, cantidad a la que también hay que sumar el tercio legal.

   La juez imputó a ambos por su vinculación con la estructura societaria del 'tándem' de la Sierra Norte formado por José María Sayago y José Enrique Rosendo, pues entiende que estos dos últimos, "con el fin de que sus figuras quedaran diluidas, habrían interpuesto en los órganos sociales de algunas de sus empresas a determinadas personas que se habrían prestado para ello" y que, así, "habrían participado en la obtención de subvenciones con cargo a los fondos públicos andaluces con total ausencia del procedimiento legal establecido".

   También han comparecido este lunes ante la magistrada, en este caso por las ayudas a Dhul, Mario Augusto Montecatine, jefe de Seguimiento a la Inversión de la Caja Rural de Granada, y María de la Cruz Ruiz, jefa de Créditos de esta misma entidad, quienes sí han accedido a declarar, al contrario del resto de imputados.

'PIZO' GÓMEZ COMPARECERÁ POR VIDEOCONFERENCIA

   En estos casos, la Fiscalía ha solicitado una fianza civil de 140.000 euros, cantidad a la que se han adherido Junta de Andalucía y Manos Limpias, y que se fije la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria.

   Asimismo, ha comparecido ante la juez Miguel Ángel Muñoz, vecino de Albánchez de Mágina (Jaén), localidad natal del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanza, que fue incluido en el ERE de Primayor "a pesar de que no había trabajado en dicha empresa", quien igualmente se ha acogido a su derecho a no declarar.

   La juez también había citado este lunes al exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, más conocido como 'Pizo' Gómez e imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros, en su caso para celebrar la comparecencia de medidas cautelares de naturaleza real.

NUEVA RONDA DE DECLARACIONES

   Sin embargo, esta citación ha sido suspendida después de que el imputado haya solicitado a la instructora comparecer por videoconferencia desde Pamplona, su lugar de residencia.

   Estas declaraciones se enmarcan dentro de la nueva ronda de comparecencias señaladas por la juez para esta semana, que incluye a 16 nuevos imputados en la causa, entre ellos el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis.

   La magistrada Mercedes Alaya también ha citado esta semana a otras personas que ya estaban encausadas, como son los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exparlamentario del PSOE-A Ramón Díaz, o los exdirectores generales de IDEA Antonio Valverde, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.