SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recalcado este martes que, según la Inspección General de Servicios de la Junta, en manos de la que se puso el caso, no ha existido "obstrucción ni perturbación" al trabajo del funcionario autonómico que tramitaba el expediente sancionador a la empresa Endesa, respecto a la cual la asociación de consumidores Facua ha criticado que el Ejecutivo andaluz trata de "cerrar en falso un fraude millonario".
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez ha explicado que ante la dimisión de este trabajador antes de que terminara el periodo sancionador, la norma obligaba, por un lado, a paralizar y cerrare el expediente tramitado y, por otro, a nombrar un nuevo instructor, "que contó con apenas mes y medio", tiempo restante hasta finalizar el periodo de nueve meses para culminar el expediente, según la ley que regula el mercado eléctrico.
El portavoz ha recordado que se ha instado a la suministradora a devolver las cantidades indebidamente cobradas, "lo que se ha producido": más de 400.000 andaluces usuarios de la compañía han recibido la cantidad indebidamente cobrada, que asciende a un global de unos 20 millones.
"La segunda pata es la instrucción de oficio de un procedimiento sancionador", ha dicho Vázquez, que ha expuesto que, por falta de tiempo, al nuevo instructor no le fue posible finalizar el expediente. La Inspección General, ha concluido, deja abierta la puerta a un posible expediente sancionador contra el funcionario dimitido.