Junta reitera su petición de 11,1 millones de fianza para un hermano del expresidente Borbolla por los ERE

Solicita la imputación en la pieza de la 'Sierra Norte' del alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla)

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los ERE fraudulentos, ha reiterado su petición para que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 11.182.767 euros al empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta reitera la petición que ya realizó junto a la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2014 para que se imponga esta fianza a Ángel Rodríguez de la Borbolla, cuyo abogado se opuso a la misma argumentando que "no es el momento procesal oportuno", que todo el dinero recibido se invirtió en las empresas dedicadas a la manufactura del corcho y que, por ello, el imputado "no se ha enriquecido personalmente".

Así lo solicita la Junta en el escrito donde pide personarse como acusación particular en la pieza separada relacionada con los 34 millones de euros en ayudas al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla vinculado a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo --fallecido en enero-- y José María Sayago, donde son investigadas 15 personas, entre ellas los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

De igual modo, la Junta pone de manifiesto que, en el auto donde se abrió esta pieza separada, la juez María Núñez Bolaños no relaciona "las empresas del corcho a través de las cuales habría obtenido ayudas indebidamente" el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, empresas en cuyos consejos de administración figuran, junto a éste último, el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE) --imputado en la causa matriz de los ERE--, y otras dos personas.

En este sentido, la Junta pide que sean investigadas en esta pieza separada más personas de las inicialmente incluidas en el auto, entre ellas el primer edil o el ex gerente de IFA/IDEA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras, y también que se investiguen las ayudas otorgadas a una veintena de empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

A juicio de la Junta, estas empresas "guardan una gran similitud de circunstancias al estar radicadas en el mismo territorio, así como por la influencia ejercida de las mismas personas, por el objeto social de las empresas perceptoras de las ayudas, por la ausencia de solicitud de subvención, por la forma en que fueron obtenidas, o por las reuniones que se hacían en el entorno de la Sierra Norte entre los empresarios subvencionados y las autoridades o conseguidores que intervendrían en las mismas".

Según la Junta, también habría una "identidad en la forma de obtención del dinero de la ayuda, mediante endoso en la misma cuenta corriente de la misma entidad financiera, en la mayor parte de los casos", a lo que se suma que "se ha podido constatar con frecuencia, en las declaraciones de los diversos investigados, que el mecanismo utilizado para obtener una ayuda siempre era el mismo".

En su escrito, la Junta también reclama que se "excluya de la relación de presuntos responsables" en esta pieza al ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán, pues "su intervención se produciría en la fase de pago de la ayuda, hecho que es objeto de investigación" en la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas.

Para finalizar, pide cambiar el nombre de la pieza para que se llame 'Sierra-Norte'.

En un auto fechado el pasado 14 de abril, la juez Núñez abrió esta pieza separada e incluyó en la misma como "penalmente responsables" a un total de 15 personas, entre ellas los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, o el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla.

De igual modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla dirige esta pieza separada contra el propio José María Sayago; el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE); la exsecretaria de Guerrero María Ángeles Gala; la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, o Pablo Millán.

La juez considera que podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.