La Junta traslada a La Caixa el acuerdo de Las Atarazanas y defiende su "predisposición al diálogo"

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha informado este miércoles de que ha dado traslado a La Caixa, del acuerdo promovido por dicho departamento y la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), para resolver el conflicto derivado del proyecto de restauración de las Reales Atarazanas, --construidas en 1252 y declaradas bien de interés cultural (BIC)--, y su adaptación como espacio cultural.

Según la Administración andaluza, propietaria de este monumento, este acuerdo aún pendiente de firma ha sido trasladado a La Caixa, al ser la entidad la responsable de promover y financiar este proyecto de rehabilitación y adaptación de la emblemática construcción, merced al acuerdo alcanzado después de que el banco renunciase a instalar en el edificio uno de sus centros Caixafórum.

"La entidad se encuentra en estos momentos estudiando el acuerdo alcanzado, para saber de qué manera afecta al proyecto" técnico diseñado inicialmente por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, expone la Junta de Andalucía, defendiendo su "predisposición al diálogo y la colaboración" para resolver este enconado y prolongado conflicto y su "compromiso de poner en marcha lo antes posible este proyecto".

LAS ATARAZANAS

En cualquier caso, la licencia de obras del proyecto de reforma y adaptación del monumento, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, se encuentra cautelarmente suspendida por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve, después de que Adepa impugnase dicha licencia y solicitase su suspensión provisional hasta la resolución del litigio.

El diseño original del proyecto plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo han tachado de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

Además, criticaban la previsión inicial de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio suponía "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico".

No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada. Fruto de dicho principio de acuerdo, Adepa remitió a la Consejería de Cultura un borrador inicial para el convenio a firmar entre ambas partes, para modificar el proyecto técnico de rehabilitación y adaptación del monumento.

EL BORRADOR INICIAL DEL ACUERDO

El mencionado borrador, objeto después de diferentes retoques al proseguir la negociación entre ambas partes, contemplaría entre otros aspectos la renuncia a las medidas inicialmente previstas para reforzar la cimentación, especialmente a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares.

Además, el borrador inicial del futuro convenio recogería excavaciones arqueológicas en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade, la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro, la renuncia a habilitar accesos al monumento desde la calle Dos de Mayo, la conservación de la sala de armas y de mandos del edificio del siglo XVIII o la renuncia a usos hosteleros en el cuerpo superior.