La Junta ve "sesgado" el informe de Toxicología sobre Aznalcóllar

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía considera "sesgado" el informe de técnicos del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y Barcelona que han analizado las antiguas instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla), ha negado que se hayan registrado vertidos al dominio público hidráulico y ha asegurado que la depuradora "está operativa y funciona correctamente". Asimismo, considera que "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero".

Fuentes cercanas a la Junta han respondido de esta forma a la información donde se indica que técnicos del Instituto Nacional de Toxicología, que han analizado las antiguas instalaciones mineras a instancias de la juez de Instrucción 3 de Sevilla a raíz de las irregularidades de carácter ambiental que ya detectó la UDEF en el marco de la investigación sobre el concurso de adjudicación, han "encontrado elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas", tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera.

Estas fuentes han apuntado a Europa Press que las conclusiones de ese informe "sólo dicen literalmente que 'los residuos mineros acumulados en las instalaciones, sus lixiviados ácidos con concentraciones de metales peligrosos y las aguas que discurren por las instalaciones, requieren por su elevada peligrosidad un control, gestión y depuración de sus lixiviados, ya que suponen un riesgo muy grave para el medio ambiente".

De esta forma, a su juicio, "la falta de relevancia de los presuntos defectos puestos de manifiesto" en el informe se demuestran por el hecho de que "ninguna autoridad judicial ni policial ha ordenado precinto, clausura o actuación alguna desde que se tomaron las muestras".

Han aludido a que dicho informe de Toxicología es "sesgado", ya que las muestras de suelo "son seleccionadas de unos montones de mineral de baja ley depositados en la escombrera" y han dejado claro que "en los terrenos de la mina de Aznalcóllar no existen vertidos al dominio público hidráulico".

Las fuentes han recordado que desde 2001, fecha en la que cesó la actividad del complejo minero, la Junta de Andalucía "ha asumido las actuaciones de gestión de los pasivos ambientales como consecuencia de la ejecución del Plan de adecuación ambiental de las labores de desmantelamiento y restauración final de las instalaciones". Posteriormente, la adjudicataria de la Mina ha asumido esa tarea, condición establecida en el concurso, "y mantiene el mismo proceso de conservación que llevaba a cabo la Administración".

Asimismo, han asegurado que la depuradora "funciona perfectamente en los términos decididos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".

Pese a que el informe de Toxicología dice que 'la depuradora no está en funcionamiento', la Junta deja claro que "ello no significa que no funcione, pues la apreciación visual del estado de la depuradora no comporta la deducción de que no funcione". En ese sentido, han indicado que los técnicos de Amaya que declararon la pasada semana ante el Juzgado número 3 "confirmaron que la línea de depuración funciona y la otra existente, de respaldo, puede ser reactivada en menos de una semana, es decir, la depuradora está operativa y funciona correctamente".

Ha aludido a un "evidente paralelismo" entre este informe y el del técnico del CSIC, el especialista en Ornitología, que "visionó sólo seis folios de un proyecto de 3.000".

TOMA DE MUESTRAS

Para la Junta, el informe de Toxicología "sesga varias cuestiones cuando denomina arroyo de la dehesa a una vaguada innominada que fue canalizada hacia una piscina de escorrentías, obra que fue efectuada a través de la Empresa Pública Estatal Tragsa, pero utiliza tal denominación como si se tratara de un vertido a dominio público hidráulico dando sensación de alarmismo, si bien se reconoce que está canalizado y conducido a las balsas de escorrentía". Asimismo, añade que el informe "obvia o desconoce la autorización de dos organismos del Estado (el IGME y la CHG) para verter el agua a la corta".

Consideran además que "el técnico que suscribe este informe de toxicología, Albert Vingut López, ha tenido un conocimiento parcial de la realidad de Aznalcóllar".

Ha apuntado que "los técnicos de Toxicología de Barcelona ni estuvieron en la mina ni pueden decir que todo el terreno de Aznalcóllar contenga esa cantidad de 'residuos cancerígenos sin control'".

Así, las fuentes han apuntado que las muestras fueron tomadas el pasado mes de julio "sin presencia de la Junta de Andalucía, que fue informada por el Juzgado de que se iba a realizar una Inspección Ocular, pero en ningún caso, toma de muestras". Han añadido que "la toma de muestras se toma por personal no identificado, y sin la presencia de la Junta".

Tras aludir al hecho de que "los funcionarios de la UDEF, los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y empleados de la denunciante Emerita celebraron un almuerzo el día de la visita en las inmediaciones de la mina", la Junta ha indicado que, según los conductores que llevaron a cabo la visita a la mina realizada por los funcionarios de la UDEF acompañados de funcionarios del Seprona y de los técnicos de Toxicología de Sevilla, la toma de muestras se realizó "seleccionado a conciencia de unos montones de mineral de baja ley depositados" en la escombrera.

Han aludido al hecho de que "la descripción que los técnicos de Toxicología de Sevilla que realizan en el informe sobre los lugares en que fueron cogidas las muestras contienen errores de denominación y de explicación del uso de determinadas balsas o cortas, lo que invalida sus conclusiones, al no contar con la mínima e imprescindible información del funcionamiento de las mismas".

"CHG, LA ÚNICA COMPETENTE"

Asimismo, han recordado que "es la CHG la Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero, cuya colaboración fue requerida por el Juzgado el pasado 22 de mayo".

Por ello, insisten en que la CHG "es la única Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero, pero se ha elegido para el análisis de las presuntas muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla y Barcelona, Organismo que en el pasado, analizando muestras de Aznalcóllar con ocasión de otra denuncia en 2010, se consideró por el Juzgado que instruyó la denuncia que no estaba acreditado para análisis de este tipo".

La Junta reconoce que "en la corta de Aznalcóllar existen las concentraciones de metales que el informe de Toxicología señala en sus conclusiones", pero la Administración andaluza entiende que "el mejor plan de control --control, gestión y depuración-- de esa zona minera es la de su explotación con un proyecto industrial moderno e innovador, y ajustado a las rigurosas condiciones de seguridad medioambiental que la Junta incluyó en el pliego del concurso internacional".