El consejero de Justicia advierte de que las personas desplazadas de zonas de conflicto "pueden quedar a merced de las mafias"
SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha acusado este jueves al Gobierno central en funciones de seguir sin plantear una respuesta al preacuerdo alcanzado el pasado 7 de marzo entre la Unión Europea (UE) y el ejecutivo de Turquía que, a su juicio, "vulnera el derecho de asilo y refugio y coloca a las personas desplazadas de zonas de conflicto en riesgo de caer en manos de las mafias".
En una respuesta a una pregunta parlamentaria, De Llera ha subrayado que dicho preacuerdo "pone en cuestión algunos de los valores más básicos sobre los que se asienta la propia construcción europea: la solidaridad, la búsqueda de la paz y la protección de los derechos humanos".
"Desde el Gobierno andaluz consideramos que el Gobierno español debería votar no a este acuerdo porque es inaceptable e inhumano y por ser el reflejo de una Europa en la que no creemos", ha señalado el titular de Justicia e Interior.
En su intervención, el consejero ha recordado que el refugio es un derecho recogido en los tratados internacionales y que, por tanto, constituye un deber de los estados que los han suscrito, como es el caso de los que integran la Unión Europea.
Según ha explicado De Llera, debido a la falta de respuesta del Gobierno español a ese preacuerdo, 11 de las 17 comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Navarra y Andalucía) han promovido una declaración institucional conjunta en la que reclaman un desbloqueo de los procedimientos que permita la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa.
En esa declaración institucional se exige al Gobierno central que ponga en marcha los medios económicos y los procedimientos administrativos adecuados para permitir la participación de las comunidades autónomas en la distribución de los recursos económicos de la Unión Europea y del Estado destinados a la atención de las personas desplazadas y poder así afrontar integralmente esta situación.
Además, ha señalado el consejero, las comunidades firmantes exigen la convocatoria, con carácter de urgencia, de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar de forma conjunta esta cuestión, a la vez que instan al presidente del Congreso de los Diputados a proponer la constitución de una Subcomisión para debatir un nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio, abordando los nuevos retos e incorporando a las comunidades autónomas para su definición y desarrollo.
"De esta forma, la mayoría de las comunidades autónomas hemos manifestado nuestra postura frente al acuerdo europeo en materia de refugiados, denunciando la inoperancia de las instituciones europeas y de los estados miembros", ha precisado De Llera en su respuesta parlamentaria.