De Llera resalta la apuesta de la Junta para extender la mediación como sistema de resolución de conflictos

El consejero preside la reunión del Patronato de la Fundación Mediara,
que se encarga de impulsar este mecanismo alternativo a los juicios

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior, Emilio De Llera, ha presidido este viernes la reunión del Patronato de la Fundación Mediara, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz para impulsar la mediación y el arbitraje como herramientas para resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio.

De Llera ha manifestado que el objetivo fundamental en esta legislatura va a ser la expansión de la mediación en la comunidad andaluza, a través de una mayor y mejor información, tarea en la que la Fundación Mediara constituye una pieza "fundamental", según ha informado la Junta en una nota de prensa.

En el balance de las actividades realizadas en esta materia durante 2015, el consejero ha resaltado la firma del convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fomentará el conocimiento de la mediación y otras formas de resolución pacífica de conflictos entre jueces y magistrados, así como la puesta a disposición de los juzgados y de los usuarios información y asesoramiento gratuitos sobre el funcionamiento de este sistema.

Estas actuaciones se han iniciado con la puesta en marcha, en este mismo mes de octubre, de un punto informativo sobre mediación en la Ciudad de la Justicia de Málaga, y para el para próximo año se prevé abrirlos en todas las sedes judiciales de Andalucía.

En la reunión del Patronato se ha dado a conocer también el presupuesto para 2016 de la Fundación Mediara, que se mantiene en 150.000 euros, y la incorporación de los nuevos miembros al patronato a raíz de los cambios realizados en las consejerías de la Junta de Andalucía.

El consejero ha insistido en que el avance de la mediación permitirá aliviar la carga de los órganos judiciales y mejorar, al mismo tiempo, la opinión de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Administración de justicia.