SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado este viernes que para la creación de nuevas unidades judiciales como las que se reclaman en Sevilla ante la alta pendencia y las demoras en los procedimientos judiciales, es necesario un "acuerdo a tres" entre su departamento, la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En una entrevista con Onda Cero Sevilla, la ministra de Justicia ha defendido el "gran proyecto" promovido por su departamento para la construcción de la nueva sede del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla en terrenos cedidos por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), señalando que al actuación contará con una inversión de aproximadamente 15 millones de euros para superar la "falta de espacio" y necesidades de "modernización" de las actuales instalaciones.
Además, ha respondido preguntas en cuanto a las quejas por los retrasos en los procedimientos judiciales o la demanda de nuevas unidades judiciales para afrontar tal extremo, pesando entre otros aspectos que los juzgados y secciones penales de la Audiencia de Sevilla afrontan las diligencias o juicios de las múltiples piezas separadas de grandes macro causas como la de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o las irregularidades indagadas en la empresa de capital de riesgo Invercaria, perteneciente a la Administración andaluza, entre otras.
"SITUACIÓN ENDÉMICA"
La ministra Pilar Llop ha alegado al respecto que se trata de una "situación endémica y estructural" que afecta "prácticamente a toda España".
Y mientras la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a 2021 refleja respecto a las secciones penales de la Audiencia de Sevilla un alza de la pendencia, reclamando al menos dos jueces penales más, la ministra ha defendido que la solución a esta situación necesita "acuerdos a tres" bandas entre el Estado, la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder judicial".
EL PAPEL DE LA JUNTA
Para la creación de nuevas unidades judiciales, según ha dicho, "hace falta que la Junta ponga los edificios, los funcionarios, los ordenadores, el sistema de gestión procesal y el mobiliario", porque el Ministerio "paga a los jueces y fiscales, pero el resto del gasto, que es más elevado, es de la Junta". "Una vez con ese compromiso, hay que saber cuántas unidades judiciales" crear, es decir que el Consejo General del Poder Judicial dicte "las prioridades y dónde tienen que ir esos juzgados", tras lo cual los poderes alcanzarán esos "acuerdos a tres" para crear los nuevos órganos judiciales.
"Los presupuestos para edificios, personal y ordenadores corresponden a la Junta", ha insistido, asegurando que el Estado transferirá 65 millones de euros a la Comunidad Andaluza para actuaciones en la materia, procedentes de los fondos europeos de recuperación, y la misma debe aplicarlos "con diligencia y eficacia".