Maíllo apoya que Díaz parara la formación pero critica que "tarde cinco años" en retomarla

Señala "responsabilidades políticas" en formación que "han supuesto un coste para las arcas públicas"

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha dicho este miércoles compartir con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la decisión de paralizar la formación en Andalucía por "prudencia", si bien ha criticado que "haya tardado cinco años" en retomarla.

Así se ha pronunciado Maíllo en rueda de prensa después de que Podemos haya explicado que sus conclusiones en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en la formación apuntan a la responsabilidad de la presidenta andaluza por tener la "ocurrencia" de "cortar la formación y punto", tras salir a la luz pública las irregularidades, lo que supone, para la formación morada, una "irresponsabilidad política absoluta".

Maíllo, que no ha querido avanzar los nombres a los que apuntarán las conclusiones de IULV-CA, ha considerado que la decisión de Susana Díaz de paralizar la formación "fue correcta" por "prudencia", si bien ha añadido que "cuando la paraliza para aclarar unas irregularidades, no puede estar cinco años para reiniciar las actividades de formación" porque hacerlo, ha agregado, "ha tenido repercusión en miles de trabajadores andaluces".

Así las cosas, ha insistido en la necesidad de desvincular las responsabilidades políticas de las judiciales porque "hay perversión respecto a un PP-A que se parapeta en un procedimiento judicial para hacer acusaciones políticas, y un PSOE-A que se parapeta en la esperanza de conseguir absoluciones judiciales para convertirlas en absoluciones políticas".

Entiende que hablar en el plano político significa señalar "qué mecanismo, propuestas y decisiones tiene que tomar el Parlamento para evitar que nadie tenga discrecionalidad para usar millones de manera arbitraria en la concesión de ayudas a empresas y, sobre todo, la ausencia de mecanismos que han impedido que muchas empresas y trabajadores se haya podido beneficiar de ERE porque no había una convocatoria pública a la que pudieran acogerse", y esto ha ocurrido, según Maíllo, "por decisiones pícaras o por la fragmentación de ayudas para evitar el control del Consejo del Gobierno".

Así las cosas, si bien no ha querido facilitar nombres aún, ha explicado que su grupo parlamentario, en las conclusiones de la comisión de investigación, va a defender "un todo político" porque, en su opinión, "se constata una falta de control sobre el que hay una responsabilidad política de quienes nunca hicieron convocatoria de resolución de órdenes de subvenciones".

Y es que, como ha sostenido el líder andaluz de IU, "hay gente que tenía potestad de convocar una orden de subvención con concurrencia competitiva y no lo hizo, se prefirió la fórmula de la transacción financiera a IDEA para que escapara al control de la Intervención y que el control fuera siempre a posteriori, eso es una decisión política y se tendrán que responder políticamente".

Además, también ha agregado que para aportar soluciones hay que dar una respuesta política para dar mayor rigor a la concurrencia competitiva como mecanismo de control.

"EXPLICA POR QUÉ EL PSOE-A TENÍA MAYORÍAS ABSOLUTAS"

"El marco de impunidad de la década prodigiosa para el PSOE-A, no para Andalucía, de 2002 al 2009, tapando agujeros y la resolución de conflictos mediante ayudas millonarias lo único que hacía era explicar por qué el PSOE-A tenía mayoría absoluta", ha aseverado Antonio Maíllo.

Subraya que esto relaciona "el uso de unos fondos con carácter discrecional vinculado al ejercicio imperdonable de clientelismo frente a unos gobernantes que en vez afrontar mecanismos opacos de compra de la paz social, tendrían que haberse puesto firmes como presidente de la Junta y apostar por una reindustralización de Andalucía, que estaba convirtiéndose en un desierto". "No lo hicieron, y eso es una responsabilidad política", ha apostillado.

Así, ha insistido en que a IULV-CA le preocupa "el ruido del PP-A, que tendría que lavarse la boca con lejía cada vez que hable de corrupción, y la melé con el PSOE-A, vinculado a un ámbito jurídico que impide ver el centro de debate de comisión de investigación, que no es un juzgado, sino que decide la responsabilidad política de quienes gobernaron".

Ha puesto como ejemplo que hayan mantenido al exdirector general de Empleo Javier Guerrero durante diez años, "que no venga el PSOE-A a decir que nadie sabía nada cuando el PSOE-A controla hasta cuando se mueven las hojas en los parques cuando le interesa", que haya ocurrido esto es porque "se miró para otro lado y hay una responsabilidad política, que no vengan con cuentos de que lo hacía sin que nadie se enterara".

"Ha habido decisiones políticas que han supuesto un coste a las arcas públicas pero sobretodo hay que pensar en quienes no tuvieron la oportunidad de, estando en condiciones de recibir ayudas, nunca pudieron acceder a ellas porque no se hicieron convocatorias porque el Gobierno andaluz las asignaba de manera arbitraria", ha manifestado Maíllo.

COMISIÓN PERMANENTE

Así las cosas, ha anunciado que su grupo parlamentario va a retomar la negociación con el resto de grupos para volver a plantear la creación en la Cámara andaluza de una comisión permanente no legislativa sobre transparencia democrática y lucha contra la corrupción, una iniciativa que ya presentaron en junio del 2015 junto a Podemos pero que "no se materializó".

Entiende que, en este marco, "adquiere relevancia" al hilo de que la lucha contra corrupción "no puede estar vinculada a un hecho concreto o a causas esporádicas, sino que debe abordarse en un control parlamentario de carácter permanente".

Además, ha indicado que en el Congreso sí se ha creado un órgano de estas características, de manera que entiende que puede extrapolarse a Andalucía para "dar una mejor respuesta a las demandas de la ciudadanía y de la sociedad sobre la actuaciones fiscalizadoras de un Parlamento".