Maíllo: La comisión de formación tiene información "suficiente" para las conclusiones

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, ha asegurado este miércoles que la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las ayudas a la formación cuenta con información "suficiente" para comenzar a redactar las conclusiones y determinar las responsabilidades políticas, rechazando así la posibilidad de realizar una segunda ronda de comparecencias, tal y como solicitan los grupos parlamentarios de PP-A y Podemos.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en relación a la reunión que esta tarde celebra este órgano, Maíllo ha recordado que la comisión de investigación ha citado a 69 comparecientes y que han acudido un total de 66. Solo han faltado la ministra de Empleo y Seguridad en funciones, Fátima Báñez, "en un acto de absoluto desprecio al Parlamento"; una consejera del Tribunal de Cuentas y el representante de Forja XXI.

Tras recordar que en la Cámara andaluza se dirimen las responsabilidades políticas y que no estamos ante ningún juzgado, ha señalado que han comparecido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, sus antecesores en el cargo, exviceconsejeros, directores generales y otros agentes "fundamentales" para obtener una información que considera "suficiente" para dirimir qué es lo que ha ocurrido y determinar las responsabilidades políticas.

En su opinión, hay responsabilidad política en quienes diseñaron las órdenes de subvenciones, en quienes establecieron los procedimientos de selección, asignación y fiscalización, "y eso se llama Consejo de Gobierno".

Para Maíllo, hay una "responsabilidad inmediata" de las direcciones generales de la Consejería de Empleo y de los viceconsejeros como "responsables de la coordinación", y una responsabilidad "subsidiaria" de los consejeros. En relación a las presidentes de la Junta, ha advertido de una "responsabilidad mediata".

Así, ha indicado que hubo "descontrol" en la administración andaluza respecto a la fiscalización de los expedientes y que el problema no está en que hubiera cursos que no se hicieron, sino en que no había mecanismos para garantizar la evaluación y fiscalización y que "nadie sabía si se habían ejecutado".