Más de 160 lesionados de Magrudis piden a la Audiencia que los acusados declaren al comenzar el juicio y no al final

Archivo - José Antonio Marín (i),  gerente de la empresa Magrudis, causante del brote de listeriosis, pasa a disposición judicial  junto a su hijo, Sandro Marín (2d) acusados de homicidio imprudente, delito contra la salud pública y de lesiones a feto.
Archivo - José Antonio Marín (i), gerente de la empresa Magrudis, causante del brote de listeriosis, pasa a disposición judicial junto a su hijo, Sandro Marín (2d) acusados de homicidio imprudente, delito contra la salud pública y de lesiones a feto. - María José López - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 5 diciembre 2024 13:02

Se oponen además a dejar sin efecto la obligación de comparecencia periódica en sede judicial impuesta a tres de los encartados

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de lesionados del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, que suman 165 personas afectadas por este caso saldado además con cuatro fallecidos; ha elevado un escrito a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada del juicio; oponiéndose a la petición de los acusados José Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y Mario Marín Rodríguez de dejar sin efecto su obligación de comparecencia periódica en sede judicial y reclamando que el conjunto de inculpados declare al comienzo de la vista y no al final.

En un escrito elevado a dicha instancia y recogido por Europa Press, el letrado Germán Grima, del despacho Ateneo Abogados, quien representa al grupo de lesionados, contesta a la reciente providencia de la Sección Séptima de la Audiencia, que había requerido a las defensas de los acusados, que son los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y una veterinaria municipal; para que especificasen si tales inculpados optan por declarar al comienzo de la vista o al final de la misma.

Además, la Sección Séptima solicitaba a la Fiscalía y las acusaciones particulares que informasen sobre la petición de los acusados José Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y Mario Marín Rodríguez, "de que se dejen sin efecto las obligaciones de presentación apud acta", es decir de comparecencia periódica en sede judicial.

Así, en este escrito, la representación del grupo de lesionados solicita que los acusados presten declaración al comienzo del juicio y que "se sigan realizando las obligaciones de presentación apud acta, ya que son personas que residen en Sevilla y no les trae ningún perjuicio" cumplir dicha medida.

DOS AÑOS DESDE LA APERTURA DE JUICIO ORAL

Hace ya más de dos años, el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla acordaba la apertura de juicio oral contra un total de seis personas por este caso, en concreto José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; Sergio L.G., por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.

En el auto, la magistrada abría juicio oral contra cinco de los investigados -Sandro José M.R., José Antonio M.P., Mario M.R., Encarnación R.J. y María José O.B.-, Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros.

Además, el Juzgado declaraba responsable civil subsidiario de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con la citada inspectora veterinaria municipal como acusada en la causa.

PETICIONES DE CÁRCEL

De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. De este modo, la Fiscalía no presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, quien figura como acusada en la causa.

La Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.

Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.

INDEMNIZACIONES

En materia de responsabilidad civil, solicitó que todos los acusados, salvo el arquitecto, indemnicen con 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados a ambas administraciones; respondiendo la aseguradora AXA "con carácter directo" como entidad aseguradora de Magrudis, una entidad que ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor en favor de las víctimas y afectados.

También habrán de indemnizar con 5.861 euros a Endesa y habrán de compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados, con AXA de nuevo como responsable "directa" de responder y el Ayuntamiento hispalense como responsable civil subsidiario, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

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