Moreno: llevar la Lomce a Congreso "no es necesariamente negativo", pues "puede tener más capacidad de escucha que Wert"

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, se ha pronunciado sobre la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y su remisión "inmediata" al Congreso de los Diputados, señalando que este paso "no tiene por qué ser necesariamente negativo", pues "puede que el Congreso demuestre más capacidad de escuchar a la comunidad educativa de la que ha tenido el ministro José Ignacio Wert".

En declaraciones a Europa Press, Moreno ha resaltado el hecho de que la normativa aprobada este viernes supone "el proyecto de ley con menos respaldo y más contestación de la democracia", todo ello a pesar de que la educación es un ámbito en el que se precisa "consenso, y no discordia".

"Lo que cabe esperar es que la ley salga ya de las manos del ministro Wert", ha manifestado la responsable andaluza de Educación, que ha expresado su convicción de que el aplazamiento de la aprobación, prevista para la pasada semana --donde se llevó a cabo una convocatoria de huelga general del sector educativo--, "no es casualidad".

Según Moreno, "lo que hace el PP es sacar esta ley del Ministerio, donde estaba cerrada, encajonada y polemizada, y se abre otro espacio de diálogo, que es necesario, y también de expresión ciudadana". "Esta batalla continúa", ha apostillado.

Sobre la aprobación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que "necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo, porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil", destacando que la reforma tiene entre sus objetivos refuerzo de conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, la incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía en los centros docentes.

Asimismo, ha destacado que para su redacción se han tenido en cuenta las opiniones de las comunidades autónomas, los padres de alumnos, los docentes, los representantes sindicales, los profesionales de la educación, las asociaciones, plataformas y los ciudadanos en general, con un buzón de sugerencias.