SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Con motivo de los 15 años transcurridos desde el crimen de Marta del Castillo, por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, Antonio del Castillo, padre de la víctima ha señalado este miércoles a la Justicia como "responsable" de que todavía no haya sido localizado el cadáver de su hija.
En una publicación en la red social X, antes Twitter, Antonio del Castillo muestra una imagen del edificio de la Audiencia de Sevilla, en el Prado de San Sebastián, donde esta misma jornada ha sido celebrada una concentración para conmemorar los 15 años del crimen y reclamar avances en la localización del cadáver de Marta, una movilización promovida por el abuelo de la víctima, José Antonio Casanueva.
"Es aquí donde se hayan los responsables de que Marta no aparezca, aludiendo a leyes proteccionista a los derechos individuales. Que fuera la hija de uno de ellos, a ver dónde estarían esas mismas leyes", expone Antonio del Castillo sobre la fotografía de la Audiencia de Sevilla, agregando que lleva "15 años soportando injusticias".
EL INFORME PERICIAL
Ello, en un marco en el que la Policía Nacional estaría ya operando respecto al contenido del informe pericial encargado a una empresa especializada sobre los "datos crudos" del teléfono móvil de Carcaño. El estudio habría detectado hasta seis nuevos posicionamientos del teléfono de Miguel Carcaño en Dos Hermanas, el asentamiento chabolista de El Vacie o el cementerio de San Fernando, aunque sin poder determinar a qué momentos concretos corresponden los mismos.
Frente a tal resultado, Antonio del Castillo exponía recientemente a Europa Press que "la Policía no ha aportado al perito los archivos" con los que cuenta cosechados de la operadora de telefonía del móvil de Carcaño, pese a que el citado especialista solicitó los mismos "por activa y por pasiva", así como también la abogada de la familia de la víctima, Inmaculada Torres. Del mismo modo, achacaba al Juzgado una supuesta obstrucción a la hora de promover este informe.
Por eso, según el padre de la víctima, el perito autor de este informe "no ha podido determinar el día y la hora" de las nuevas localizaciones detectadas respecto al teléfono móvil de Miguel Carcaño.
Meses atrás, la familia de Marta del Castillo lamentaba por cierto que por mor del Juzgado de Instrucción número cuatro, dicho estudio se centraba en "un único teléfono", el de Carcaño, rememorando que el juez instructor del caso se "retractó" de su decisión inicial de que esta prueba pericial incluyese los móviles del hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; de la novia de este, María García Mendaro; del amigo de Carcaño Samuel Benítez y de Francisco Javier García, alias "El Cuco".
NO ES POSIBLE "REVISAR" LO JUZGADO
A la hora de ordenar en abril de 2021 esta prueba pericial, recordémoslo, el juez instructor Álvaro Martín precisaba en su auto emitido al respecto que el objeto de esta causa es "la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción".
Según el auto del juez instructor, "la afirmación del penado Miguel Carcaño de haber autorizado la práctica de las diligencias interesadas respecto del teléfono o teléfonos de los que fuese titular, de modo que cabe, para él y sólo para él, entrar a valorar la idoneidad de la medida interesada".
En ese sentido, recordemos que el juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver se saldó con la condena de Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, María García Mendaro y Samuel Benítez.
En el caso del Cuco, menor de edad a la fecha de los hechos, fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de reclusión en un centro por encubrir el asesinato; si bien en 2022 un Juzgado de lo Penal le condenó junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio en las comparecencias de ambos como testigos en el juicio contra los adultos.