Parlamento rechaza depurar responsabilidades políticas por los ERE pero pide la devolución urgente de lo defraudado

Demanda que el Gobierno de la Nación pague a Andalucía los más de 2.185 millones que le adeuda en inversión por población

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PSOE-A e IULV-CA, una propuesta de resolución presentada por el PP-A en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en la que se pedía que la Cámara andaluza instara al Consejo de Gobierno a depurar las "gravísimas responsabilidades políticas" por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y también por el relativo a Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta.

No obstante, sí ha sido aprobada, con el apoyo del PSOE-A y la abstención de IULV-CA, una propuesta del PP-A por la que la Cámara insta a la Junta a garantizar que se concluyan "urgentemente y sin más demoras" los procedimientos administrativos necesarios para exigir la total devolución de los fondos de ayudas o subvenciones que con cargo a fondos públicos "hayan sido fraudulenta o indebidamente percibidos y el interés de demora que pudiera corresponder en el caso de los ERE".

Todo ello, según se apunta en la propuesta de resolución aprobada, al objeto de destinar esas cantidades a la creación de un fondo social de ayuda a familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, vinculado a itinerarios personalizados de inserción.

También ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA la petición del PP-A de instar al Consejo de Gobierno a que reconsidere el decreto-ley sobre la función social de la vivienda ante la "preocupación manifestada" por la Comisión Europea sobre los efectos negativos que la normativa podría tener sobre la estabilidad financiera y la recuperación económica del país.

Por el contrario, el Parlamento insta a la Junta, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención de PP-A, a desarrollar reglamentariamente el decreto-ley para asegurar la función social de la vivienda, así como cuantas actuaciones y medidas sean necesarias para defender la legislación andaluza en que consagra el derecho a la vivienda en Andalucía; y a aprobar un nuevo Plan Andaluz de Vivienda, que tenga como eje prioritario el fomento del mercado de vivienda en alquiler y la rehabilitación del parque residencial.

A propuesta de IULV-CA, y con igual votación a la anterior propuesta, se reclama también al Gobierno que respete las competencias en materia de vivienda establecidas en la Constitución y el Estatuto, así como su capacidad para regular en un sentido social el uso de la vivienda como derecho humanos, reconociendo, como hace el artículo 33 de la Constitución Española, la función social de la propiedad.

También se demanda que el Gobierno regule la dación en pago con carácter retroactivo "como viene reclamando la ciudadanía, la eliminación de las cláusulas abusivas en las hipotecas así como su nulidad y la quita de parte de la deuda de aquellas personas que se ven inmersas en un proceso hipotecario cuando han sufrido una pérdida de poder adquisitivo".

Otra de las propuestas aprobadas del PSOE-A con los votos de IULV-CA y el rechazo del PP-A es la relativa a que el Gobierno de la Nación dé cumplimiento a la obligación contenida en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía, según la cual, el criterio para distribuir las inversiones debe ser equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto de la estatal.

Según se precisa en la resolución aprobada, existe un "incumplimiento reiterado" de dicha obligación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 y 2013 que suma una deuda de 861 millones, una cantidad a la que habría que sumar los 1.504 millones que fueron reconocidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que supone una cifra superior a los 2.185 millones.

Entre otras de las propuestas del PSOE-A aprobadas se encuentran reclamar al Gobierno que paralice cualesquiera actuaciones en el ámbito de la reforma de las administraciones públicas hasta tanto se convoquen los órganos de interlocución y se diseñe una estrategia consensuada con las administraciones territoriales, todo ello a través de una negociación "multilateral". Esta iniciativa también ha contado con el rechazo del PP-A y el apoyo de IULV-CA.

En materia educativa, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno, con la abstención de los 'populares' y el apoyo de los socios de gobierno, a mantener las becas y ayudas al estudio financiadas con fondos propios de la Junta y a habilitar el pago fraccionado, hasta en tres plazos para el curso 2013-14, para aquellos alumnos universitarios que cumplan los requisitos económicos para ser beneficiarios del Plan General de Becas del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte.

UNANIMIDAD EN TORNO A LA PAC

En lo que se refiere a la PAC, los tres grupos parlamentarios han demandado por unanimidad seguir trabajando para que Andalucía mantenga el presupuesto actual de unos 2.000 millones de euros anuales, y un modelo de reparto de ayudas directas que evite el trasvase de ayudas entre territorios, sectores y agricultores, y que apoye una actividad agroalimentaria competitiva, innovadora, sostenible, productiva y generadora de empleo.

Por contra, el PP-A se ha abstenido en la propuesta socialista de demandar al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de un Plan Especial de Empleo para Andalucía que palie la "drástica reducción" de más de la mitad de los Fondos estatales destinados a políticas activas de empleo, así como que corrija la discriminación que, en el reparto de Fondos para políticas activas de empleo, ha sufrido nuestra Comunidad Autónoma por dos años consecutivos.

En lo que se refiere a la gestión del río Guadalquivir, el Parlamento ha reclamado a la Junta que promueva con el Gobierno de España, un modelo de gestión de la cuenca del Guadalquivir que tenga en cuenta el peso determinante de Andalucía. Esta iniciativa ha contado con el rechazo del PP-A y el apoyo de PSOE-A e IULV-CA.

PROPUESTAS DEL PP-A

Las únicas dos propuestas del PP-A que han sido aprobadas por unanimidad han sido las relativas a la necesidad de alcanzar "pactos entre todas las fuerzas políticas y agentes sociales y económicos a fin de abordar los gravísimos problemas estructurales económicos y sociales en nuestra comunidad"; y a aprobar con carácter urgente una estrategia de política industrial.

También ha sido aprobada, aunque con la abstención de IULV-CA y el apoyo del PSOE-A, la iniciativa concerniente a la elaboración de un plan de pago urgente para abonar de inmediato los pagos comprometidos y pendientes con las organizaciones sociales sin ánimo de lucro.

Entre las propuestas del PP-A que no han sido aprobadas se encontraban también rechazar la "opacidad" del Gobierno andaluz sobre la realidad de las finanzas de la Comunidad y el recorte de más de 3.860 millones en distintas partidas presupuestarias; o acometer una "verdadera y eficaza" reforma de la Administración.

RECHAZO A LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE LA CASA REAL

Ha contado con la unanimidad de la Cámara la propuesta de IULV-CA de impulsar medidas legislativas para garantizar la autodeterminación de la identidad de género con independencia del sexo biológico de la persona, "asegurando las prestaciones sanitarias necesarias para garantizar la plena igualdad y la ausencia de discriminación en la comunidad transexual".

Si bien, PSOE-A y PP-A han rechazado la petición de IULV-CA de demandar al Gobierno que establezca como estrategia presupuestaria para 2014 la sustitución de las medidas de ajustes por un plan de reducción en el gasto consistente en la reducción y democratización del gasto de la Casa Real, de las subvenciones aportadas por el Estado a la Iglesia católica, del gasto militar en armamento, en la cuota de la OTAN y en el desplazamiento de soldados a zonas en guerra, hayan sido éstas declaradas o no declaradas.