El pleno aprueba bajar "al mínimo" la garantía obligada a las constructoras por urbanización y obra en zona pública

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado con el apoyo del Gobierno local del PP, del PSOE y Vox y la abstención de Podemos-IU, el documento inicial de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, para rebajar "al mínimo" que recoge la nueva Ley del Suelo de Andalucía (Lista) el importe de las garantías que deben abonar las empresas constructoras por proyectos de urbanización y obras en espacios públicos.

En concreto, la modificación establece en lo relativo al importe de constitución de dicha garantía por parte de las empresas constructoras, que será "por importe no inferior al siete por ciento de los gastos de urbanización", para "ajustar" este precepto a la mencionada nueva Ley del Suelo de Andalucía.

Al respecto, la portavoz del Grupo de Podemos-IU, Susana Hornillo, de Podemos, ha alertado de que actualmente, la garantía exigida a las empresas constructoras respecto a sus proyectos de urbanización es del 25 por ciento del coste de la obra, exponiendo que con esta operación se reduce dicha garantía, aún cuando es un "respaldo" para el Ayuntamiento en caso de "incumplimientos" por parte de las empresas.

Ello, según ha precisado, cuando la actual normativa municipal "no discrepa" de lo recogido en la Lista, que según ha dicho permitiría mantener la actual garantía del 25 por ciento. Así, ha avisado de que se trata de una medida que "perjudica" al interés general de la ciudad porque según ha insistido, el importe de las garantías "respalda" al Consistorio ante "incumplimientos o demoras" de las constructoras.

El concejal de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, ha dicho de su lado que se trata de una mera "adaptación" del PGOU a la nueva Ley del Suelo de Andalucía, rebajando "al mínimo" la garantía exigida a las constructoras respecto al importe de sus proyectos de urbanización, para "eliminar trabas" y tener "ventaja" en materia de atractivo empresarial. Además, ha negado que los intereses generales queden "desprotegidos".