El PP critica la "tasa Sánchez" y el PSOE le recrimina su "hipocresía" al haber apoyado la directiva de la que emana la ley
SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del PP ante la cual Vox se ha abstenido y el PSOE y Podemos-IU han votado en contra; que reclama al Gobierno central del PSOE y Sumar la derogación de la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea de 2018; al "obligar" a los municipios a implantar una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos.
El portavoz del Gobierno local del PP, el edil Juan Bueno, ha sido el encargado de defender esta moción, en la que los populares señalan que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, derivada de una directiva europea en la materia, "obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica para cubrir los costes del servicio de gestión de residuos antes del 10 de abril de 2025", lamentando esta "imposición" a los municipios. "Es la tasa Sánchez", ha aseverado aludiendo al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
Según el PP, "esta obligación no es una decisión municipal, sino una imposición estatal del Gobierno de Pedro Sánchez que repercutirá económicamente en los vecinos y vecinas de Sevilla", con impacto en la economía local en su conjunto; precisando que se trataría de una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuo, o sea recogida, transporte, tratamiento, campañas de concienciación y vigilancia de las operaciones relacionadas.
EL IMPACTO ECONÓMICO
"No estamos en contra del objetivo que marca la Unión Europea de mejorar la recogida y tratamiento de residuos y los nuevos servicios que se recogen en la ley 7/2022, pero sí de que se obligue a los ayuntamientos a crear una tasa municipal", ha defiende el PP, exponiendo que "los técnicos municipales calculan que el coste de esta imposición será cercano a los 20 millones de euros, concretamente 19,64 millones de euros desde abril de 2025 hasta final de año".
Por eso, la moción del PP aprobada en el pleno reclama al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez la derogación de la mencionada ley estatal, instando además al Ejecutivo central a realizar un estudio pormenorizado para definir el coste por servicio en todos los municipios españoles y a poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos, que permita reciclar una mayor cantidad de residuos e incrementar la eficacia de este servicio en todos los municipios
EL PSOE SE DEFIENDE
A la hora del debate plenario, el PP no ha accedido a incorporar una enmienda planteada por el Grupo socialista a la moción, criticando la edil del PSOE Sonia Gaya la "hipocresía política" del PP, porque en el Parlamento Europeo "votó que sí" a la directiva comunitaria de la que deriva la ley estatal, en el Congreso de los Diputados "se abstuvo" ante la regulación nacional y ahora reclama su derogación.
Además, la concejala del PSOE ha defendido que se trata de aplicar en España "una directiva que abunda en la correcta gestión de los residuos para preservar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y proteger la salud humana".
La aprobación de esta moción, por cierto, ha prosperado gracias al voto de calidad del alcalde, José Luis Sanz, porque al abstenerse Vox se ha producido un empate a 14 votos favorables del PP y 14 contrarios que sumaban los concejales del PSOE y de Podemos-IU.