PP-A pide la comparecencia "urgente" en el Parlamento de los responsables durante los diez últimos años de Intervención

Asegura que Griñán está cada día "más cercado y es más culpable" y que tanto Viera como Fernández deben dimitir de sus cargos

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha anunciado que su formación va a solicitar la comparecencia "urgente" de los distintos responsables durante los diez últimos años de la Intervención General de Hacienda para que expliquen tanto el procedimiento como el contenido de los informes realizados entre 2005 y 2007, "que advertían del procedimiento irregular que estaba siguiendo la Junta de Andalucía en la concesión de ayudas a empresas en crisis".

Durante su intervención ante los medios tras reunirse con los responsables de Empleo del PP en las ciudades andaluzas de más de 20.000 habitantes, Sanz ha considerado que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "ha mentido de manera burda y descarada al responsabilizarse de no haberle pasado, cuando ella era viceconsejera de Economía y Hacienda, los informes de la Intervención al entonces consejero del ramo, José Antonio Griñán".

"Se trata de una estrategia descarada e impresentable para salvar a su jefe y amigo", ha considerado el dirigente 'popular', quien ha añadido que Martínez Aguayo "ha convertido a Griñán en aún más culpable". No obstante, ha añadido que "por imperativo legal" los informes de la Intervención General de Hacienda tenían que llegar al consejero de Hacienda, "algo que no obedecía al deseo o a la voluntad de la viceconsejera de Economía".

Asimismo, el 'número dos' del PP andaluz ha querido recordarle a Martínez Aguayo que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, garantizó que la Intervención General de Hacienda había cumplido "escrupulosamente" todos los procedimientos, "por lo que estaba obligada a derivar estos informes al consejero de Economía y Hacienda. "La situación de Griñán se hace por tanto insostenible y cada día está más cercado y es más culpable", ha apostillado.

En esta línea, Sanz se ha mostrado convencido de que el presidente de la Junta "supo, tapó y permitió que se siguiera utilizando el mismo procedimiento, cuando la Intervención advirtió de que se trataba de un procedimiento irregular". "Nadie se cree que Aguayo no informara a Griñán, cuando estaban en juego 200 millones de euros", ha afirmado el dirigente del PP-A, quien ha insistido en que "no ha habido más que mentiras por parte de Aguayo, quien ha pretendido ser un cortafuego a la responsabilidad política de Griñán".

Al hilo de ello, le ha pedido a la consejera de Hacienda y Administración Pública que "si ella no quiere leerse los informes de la Intervención General de Hacienda, pues que los mande al Parlamento que nosotros sí que queremos". A su juicio, el hecho de que la consejera haya reconocido que no se ha leído al completo dichos informes y que tampoco se los remitía a Griñán, "convierte esta situación en dramática, a la vez que circense".

"Todo ello prueba el nerviosismo y la histeria en el Gobierno andaluz para ver quién asume las mayores culpas", ha señalado Sanz, quien ha pedido a la Junta que no impida que los responsables de la Intervención General de Hacienda comparezcan en el Parlamento. "No queremos más mentiras y no se debería hurtar a la Cámara andaluza de estas comparecencias", ha señalado.

DENUNCIA "DOBLES COMISIONES" PARA LOS INTERMEDIARIOS

De otro lado, el secretario general del PP-A ha pedido explicaciones al Gobierno andaluz por la intervención de los intermediarios y brokers en el procedimiento de concesión de subvenciones a empresas en crisis. "Es insultante para el millón cien mil parados que tengamos un gobierno que reconoce que para tramitar las ayudas necesita la intervención de estas figuras", ha apuntado Sanz, quien se ha preguntado "cómo es posible que siempre sean los mismos brokers, dos en concreto, y cuánto dinero de más le ha costado a los andaluces su intervención".

Tras criticar el "sobrecoste en las ayudas en detrimento del dinero de los parados" que ha supuesto la contratación de los intermediarios, Sanz ha denunciado la posibilidad de que se hayan cobrado "dobles comisiones" por parte de los intermediarios, "que incluso han podido estar cobrando sin hacer ningún tipo de trabajo o actividad". "Es posible que se pudieran estar haciendo pagos a estas empresas de intermediarios y brokers sin que hubieran realizado trabajos relacionados con el expediente de regulación de empleo", ha señalado.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha dicho que el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero "firmaba los escritos en los que habiendo adjudicado algunos de los ERE en su intermediación a alguna determinada empresa, por ejemplo Vitalia, sin embargo, ordenaba pagos a la otra intermediaria sin que conste que ésta hubiera realizado ningún tipo de tarea de intermediación relacionada con esa empresa". Como ejemplo de ello, Sanz ha mencionado a la empresa Minas de Riotinto.

"RESPETO" A LAS ACTUACIONES JUDICIALES

Preguntado sobre el hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), haya comunicado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado, Sanz ha indicado que respeta "profundamente" cualquier decisión judicial.

Asimismo, ha considerado "evidente" que las responsabilidades por estos hechos deben extenderse a los distintos consejeros de Empleo y que tanto José Antonio Viera como Antonio Fernández deber dimitir "inmediatamente" de las responsabilidades que ocupan en estos momentos, el primero como secretario general del PSOE de Sevilla y el segundo como presidente del Consejo Regulador del vino del Marco de Jerez.

"Tanto el uno como el otro han conocido la situación y han sido parte muy activa en el fraude", ha afirmado el secretario general de los 'populares' andaluces, quien ha señalado que será la justicia quien determine las responsabilidades jurídico-penales, pero que lo que su formación está pidiendo son responsabilidades políticas. Sobre la querella que el PP-A tiene previsto presentar sobre este caso, Sanz ha anunciado que ello tendrá lugar de manera "inminente".