SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla defenderá en el pleno ordinario de este jueves una moción en demanda de pedir la derogación de la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que permitan definir el coste por servicio; que aplica una directiva europea aprobada en 2018; avisando de que la misma obligará a los ayuntamientos a "implantar y repercutir la tasa de recogida de residuos a los vecinos".
El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha explicado que "muchos ayuntamientos vienen financiando todo o parte de los servicios de basura con recursos generales del presupuesto municipal, pero ahora no podrán hacerlo, ya que tendrán la obligación de cubrir con la tasa el 100% del coste del servicio de basura, porque la tasa no puede ser deficitaria".
"Los ayuntamientos deben tener potestad para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, con los recursos económicos disponibles de su presupuesto municipal", ha considerado.
"Esta tasa está suponiendo un quebradero de cabeza para los ayuntamientos, encargados de su aplicación, que se ven obligados no sólo a subir la tasa sino también a eliminar las bonificaciones", señala el diputado popular.
La Ley señalado incorpora al ordenamiento jurídico la directiva aprobada en 2018 por la UE, "con las modificaciones que esta introduce en la Directiva Marco de residuos".
"De esta manera, se refuerza aún más la aplicación del principio de jerarquía mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos, se fortalece la prevención de residuos incluyendo medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al desperdicio alimentario y a las basuras marinas, se incrementan a medio y largo plazo los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales y se establece la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otros, para los biorresiduos, los residuos textiles y los residuos domésticos peligrosos".
También se establecen los requisitos mínimos obligatorios que deben aplicarse en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor y se amplían los registros electrónicos para, entre otras, las actividades relacionadas con los residuos peligrosos, tanto sobre su producción como sobre su gestión.