PP prevé "reclamaciones en cascada" por el decreto del plan del litoral, que causa "inseguridad jurídica y paralización"

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Jaime Raynaud ha estimado que habrá "reclamaciones en cascada" por parte de afectados por la "paralización" y la "inseguridad jurídica" que se ha generado con la aprobación del decreto sobre el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, el pasado 26 de mayo en Consejo de Gobierno de la Junta.

Jaime Raynaud pidió la comparecencia del Gobierno andaluz para que dé explicaciones sobre el grado final de consenso que ha conseguido para haber llegado a la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía "un día antes de su fecha límite", así como que explique la valoración de las posibles indemnizaciones que se tengan que pagar como consecuencia de los perjudicados por la entrada en vigor de este plan.

Ha indicado que no puede cuantificar a cuanto pueden ascender esas indemnizaciones, ya que "a los daños materiales se debe sumar el lucro cesante para la reposición del bien". "El plan al menos debería haber hecho una dotación estimativa de esas reclamaciones" ha añadido.

En ese punto, indica que la memoria económica del plan "sólo contempla un presupuesto de 300.000 euros", pero no se ha establecido cantidad ni estimación ante posibles reclamaciones "a pesar de que se han recibido 3.547 alegaciones". Además, lamenta que "no se establece quién se hará cargo de esas indemnizaciones, si los ayuntamientos, algunos de ellos presentaron alegaciones y también son perjudicados, o la propia Junta".

"El que tenía un planeamiento aprobado había hecho unas inversiones, que se han paralizado e incluso van a tener que demoler construcciones ya levantadas, por lo que no sabemos quien va a pagar esas indemnizaciones que los tribunales fallen, si los ayuntamientos que firmaron esa licencia de obra, o la Junta; ahí el decreto pasa de puntillas", ha añadido Raynaud.

Asimismo, pidió al Gobierno andaluz que justifique si no podía haber llevado a cabo una tramitación del Plan "sin la paralización de los planes generales vigentes" y que realice un balance detallado de las 3.547 alegaciones dando cuenta de cuáles son aquellas que han sido aprobadas y los criterios que se han seguido.

Raynaud, que recordó que el Gobierno andaluz ha apurado "hasta el último día antes del límite legal establecido" para la aprobación del decreto por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, explicó que éste afecta a más de 30.000 viviendas en el litoral andaluz y aseveró que por él "52 municipios han visto a lo largo de estos últimos años paralizados todo su planeamiento vigente o en fase de tramitación".

Asimismo, indicó que este plan ha recibido un total de 3.547 alegaciones, muchas de ellas de calado, presentadas por administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas, grupos profesionales, centros universitarios o particulares, convirtiéndose en "el plan urbanístico que mayor número de alegaciones ha recibido en toda la historia de las competencias urbanísticas".

El dirigente popular destacó que "durante casi tres años el Gobierno ha paralizado la ordenación del territorio y la planificación urbanística de las provincias costeras y de municipios costeros andaluces" y aseveró que este "interminable" recorrido ha contribuido a "la inseguridad jurídica" en materia urbanística en Andalucía y a la "paralización urbanística" en muchos municipios, "ocasionando graves perjuicios económicos de particulares e instituciones, llevando a la desazón a los ayuntamientos costeros y contribuyendo al aumento del desempleo en el sector de la construcción en la Comunidad".

En este sentido, afirmó que este decreto ley aprobado el pasado mes de mayo "todavía no ha sido publicado en el BOJA" y apostilló que desconocen el por qué, al mismo tiempo que dijo que resulta "extraño" que todavía no se haya hecho.

Raynaud aseguró que en la formas "todo se ha hecho mal desde el principio", al proponer un decreto ley porque, según dijo, "una modificación de este calado debería de haber seguido otro camino y haber sido objeto de un proyecto de ley", por lo que señaló que debía haber sido enviado al Parlamento "para tras un profundo debate intentar llegar a un consenso ante las posibles consecuencias que tiene su aplicación".

Además, recordó que este decreto nace bajo el cobijo de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) de 1994, por lo que aseveró que "ha habido ese vacío importante este tiempo a pesar de que la Junta, que es la responsable en materia urbanística, había anunciado mil veces la puesta en vigor y la aprobación de este decreto".

En este punto, ha lamentado que se trate de una reforma "desde la imposición" y que "limita la autonomía municipal", ante lo que ha recordado que las diputaciones provinciales de Almería, Granada y Cádiz han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias municipales. "Se trata a los ayuntamientos como administraciones menores de edad y como si éstos no supieran lo que tienen que hacer en su propio territorio", apuntó.

Asimismo, el diputado popular aseguró que el Plan del Litoral en su memoria económica fija una asignación económica y unos recursos de 300.000 euros, ya que considera que no se va a necesitar más dinero para su puesta en marcha y criticó que "no se valoran las repercusiones económicas que pueden derivarse de la misma porque no contempla las indemnizaciones que pueden derivarse de reclamaciones judiciales de personas perjudicadas y afectadas por esta reforma".

Así, se ha preguntado "¿quién va a pagar esas indemnizaciones los ayuntamientos o la Junta? El decreto pasa de puntillas y ni siquiera lo menciona. ¿Quién va a hacer frente a esas circunstancias?", agregó.

En otro aspecto, explicó que el plan contempla una normativa única para el conjunto del litoral por lo que apuntó que desde el PP entienden que es una "barbaridad" porque "el litoral mediterráneo no se parece en nada al atlántico".

"Este decreto paraliza lo que estaba aprobado y lo que está en curso de tramitación, por lo que mientras esa paralización existía, la Junta obligaba al cumplimiento de planes subregionales, lo cual ha generado un
caos y una disfunción tremenda", ha añadido Raynaud, quien precisa que en Andalucía en estos momentos están aprobados los planes subregionales del Levante almeriense, aglomeración de Málaga, aglomeración de Almería, Costa Tropical de Granada, Campo de Gibraltar, La Janda y costa Noroeste de Cádiz. "Los municipios ya adaptados a los planes subregionales han visto paralizados sus planes generales", se lamenta.

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

Finalmente, ha lamentado que la Junta "ha permitido paralizar el planeamiento urbanístico del litoral cuando en Andalucía se han destruido desde el año 2008 un total de 335.000 empleos en el sector de la construcción".

Concretamente, explicó que "de 480.000 que trabajaban en este sector en 2008, ahora lo hacen 145.000". "En Andalucía hay 117.544 parados en la construcción, lo que supone el 25% del total nacional", concluyó.