Trabajará "para que no se deteriore la colaboración" con la Junta tras las palabras de De Llera
SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha defendido que los profesionales del ramo "trabajan digna, seria y responsablemente" en la comunidad, si bien existen "grandes disfunciones" para las que reclama "medidas coyunturales a corto plazo y estructurales para un más largo plazo", y ello para lograr una justicia "completamente normalizada".
Así lo ha apuntado en su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar la Memoria del TSJA correspondiente a 2015, donde ha defendido la conveniencia de acompañar del personal necesario a los jueces de refuerzo que se destinen para juzgados concretos para avanzar así "en la reducción de la bolsa de asuntos pendientes".
También se ha referido a la conveniencia de digitalizar la justicia, porque "la justicia, o es digital o no es justicia", y en ese sentido ha hablado del proceso de implantación del 'papel cero', para el que este año resulta "clave". Ha reconocido "dificultades" en ese proceso, que en Andalucía pasa por "hacer compatible el sistema Lexnet con el Adriano", pero ha apuntado que se está entrando ya en "una fase de mejor incorporación a ese sistema" informático.
Igualmente, ha apuntado que la implantación de la justicia digital "va a exigir internamente el expediente digital y optimizar recursos", porque "no se trata solo de digitalizar documentos, sino de hacer documentos interactivos".
Del Río ha rechazado hablar de "ineficacia" en la justicia, pero ha apuntado la existencia de un modelo de "estructura atomizada que resulta disfuncional e inadecuado".
Ha abogado por "reformas muy necesarias en torno al nuevo modelo de la justicia", y por el principio de "colegiación y concentración" para una "mejor optimización de recursos", así como por "impulsar la comarcalización de ciertos juzgados", algo que ya se ha ido llevando a cabo en juzgados de Violencia sobre la Mujer, para que se extienda el "ámbito competencial" de los mismos más allá de la capital en la que se ubiquen y abarquen los "pueblos más cercanos" a la misma.
Igualmente, el presidente del TSJA ha considerado necesario medidas de "apoyo o refuerzo" para juzgados sobrecargados como que "se amplíe el número de funcionarios", y en este aspecto ha citado juzgados concretos como los de Estepona (Málaga), Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Roquetas del Mar o Vera (Almería), de donde llegan "muchas quejas por déficit de funcionarios o sobrecarga de trabajo".
Del Río ha concluido señalando que las salas del TSJA, "en general, están funcionando correctamente", así como "las Audiencias provinciales están dando una respuesta bastante satisfactoria, si bien existen "problemas importantes" en determinados juzgados como los de "Primera Instancia, mercantiles o de familia".
RELACIÓN CON EL CONSEJERO
Por otro lado, Del Río se ha comprometido a "trabajar para que no se deteriore la colaboración" con el Gobierno de la Junta y "la gestión de la Consejería" tras las palabras del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, sobre el sistema judicial, en virtud de las cuales fue reprobado la semana pasada en el Pleno del Parlamento.
Así lo ha trasladado Del Río al ser preguntado por dichas palabras por el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira, quien le ha pedido una valoración sobre el "daño a la imagen de la justicia andaluza que se ha podido producir con la crisis de desautorización política del consejero y cómo puede afectar eso a las relaciones institucionales en el día a día".
En su respuesta, el presidente del TSJA ha remarcado que "por encima de las personas están las instituciones", y tras recordar que el consejero le llamó "pidiendo disculpas" y él las aceptó, ha reconocido que esa situación "en principio enturbia relaciones", pero cree "en la plena colaboración de los poderes del Estado", y por ello va a "trabajar para que no se deteriore la colaboración" con la Junta, según ha incidido.
LOS GRUPOS
En el turno de los grupos parlamentarios, para expresar el punto de vista del PSOE-A ha intervenido el parlamentario José Latorre, quien ha llamado la atención sobre la "bajada de asuntos que entran en los tribunales", que ha vinculado a las tasas judiciales aprobadas por el Gobierno del PP, y, respecto a los asuntos que quedan pendientes de resolver, ha abogado por "buscar soluciones para rebajar el volumen" de los mismos.
Igualmente, ha incidido en la necesidad, a su juicio, de crear "nuevas plazas judiciales" como un "objetivo prioritario", y en esa línea ha lamentado "la carga de trabajo que soportan" juzgados andaluces porque, "mientras eso pasa, los ciudadanos sufren con la justicia", y ha defendido la labor del Gobierno andaluz, por ejemplo, "para implantar el sistema del 'papel cero'".
En representación del PP-A, el diputado Juan Ramón Ferreira ha reclamado un "mayor impulso presupuestario y reformas legislativas" para reducir el volumen de asuntos pendientes, y, mientras esas medidas se acometen, "un plan de choque paliativo". Ha rechazado, además, que "como dice el consejero" de Justicia, "haya muy pocos jueces en Andalucía y eso sea culpa es del Gobierno central", porque, según ha subrayado, "la ratio de jueces por 100.000 habitantes en Andalucía es similar a la media nacional".
En cambio, ha apuntado como "una de las claves" de la situación de la justicia en Andalucía la diferencia en el gasto por habitante en dicha administración, que en la comunidad "no llega a 45 euros", mientras que en el conjunto nacional la media es de "74,8 euros", según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha apuntado. De igual modo, ha abogado por una "mejor coordinación entre las distintas administraciones que tienen competencia" en el campo de la justicia.
Desde Podemos, la diputada Begoña Gutiérrez ha abogado por una justicia "más ágil y especializada" y ha lamentado que la Memoria viene a reflejar "prácticamente los mismos problemas" de la Justicia del año anterior, entre los que ha citado "la tasa de congestión, la dispersión de sedes, la arcaica legislación o la precariedad laboral" de los funcionarios por la "ola de recortes de PP y PSOE", así como "las mismas promesas de la Consejería", a la que ha acusado, por ello, de "ineficaz", y a la que ha vuelto a reclamar, por ejemplo, una "reducción del gasto correspondiente al alquiler de sedes judiciales".
En representación de Ciudadanos (C's) ha intervenido el parlamentario José Antonio Funes, que se ha referido a problemas de la administración de Justicia --"un pilar fundamental del Estado que hay que mimar"-- como la "sobrecarga de trabajo", la "modernización tecnológica, que está generando muchos problemas", así como los "cambios organizativos" necesarios y la dotación presupuestaria conveniente, que "es la madre del cordero". Igualmente, ha apuntado la necesidad de adoptar medidas para "mejorar la consideración social de los jueces" y "acercar el mundo de la justicia a la ciudadanía".
Finalmente, por parte de IULV-CA, la diputada María del Carmen Pérez, ha señalado que la Memoria del TSJA debería ser vista por la Consejería de Justicia como una "crítica constructiva" que le sirviera de "guión" del que "tomar nota" de sus indicaciones para propiciar un servicio "público, de calidad, ágil y accesible". Se ha referido, entre otros asuntos, a la "tasa de congestión", de la que no se puede hacer una valoración "satisfactoria", así como de la situación de las infraestructuras judiciales, donde la Consejería "vuelve a suspender".
El presidente del TSJA ha concluido su comparecencia defendiendo la crítica "constructiva" para mejorar la situación de la justicia, porque "una mala justicia" conlleva "un mal Estado de derecho y democrático", y en esa línea ha abogado por "optimizar mucho mejor lo que tenemos".
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