SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Tras el corrimiento de tierras acontecido recientemente en la mina a cielo abierto de Cobre las Cruces, ubicada en suelos de Guillena, Salteras y Gerena y explotada por esta empresa perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum, y la posterior decisión de la Junta de Andalucía de suspender durante seis meses la extracción de mineral en la corta, para este miércoles está prevista la primera reunión del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) promovido sobre la plantilla, según ha dicho a Europa Press Manuel Ponce, secretario general de Metal, Construcción y Afines (MCA) de la Federación de Industria de UGT-Sevilla.
Manuel Ponce ha explicado que una vez formalizada la comunicación del ERTE al comité de empresa, este miércoles a las 11,30 horas se celebra en las propias instalaciones de la mina el primer encuentro entre los representantes de la empresa y de la plantilla, con relación al citado ERTE. Será este miércoles, según ha indicado, cuando trasciendan datos como el número de trabajadores afectados por la regulación de empleo y el arco temporal del procedimiento.
Tras aquel incidente, saldado sin daños para las personas pero el derrumbe de gran cantidad de tierras sobre el fondo de la corta minera, extremo que llevaba a la Junta de Andalucía a paralizar durante seis meses las labores extractivas en la misma, Cobre las Cruces recordaba que dicha orden de la Junta no afectaba a la planta hidrometalúrgica, que cuenta con material de cobre acopiado para mantener la producción durante seis o siete meses sin recibir nuevos minerales, anunciando que dicha instalación reanudaba la producción de cátodos de cobre.
Manuel Ponce, en ese sentido, ha manifestado que la decisión de promover un ERTE prueba que pese a la reactivación de la planta hidrometalúrgica, el complejo minero "no está al cien por ciento" de funcionamiento.
Previamente, por cierto, CCOO había avisado ya de expedientes de regulación temporal de empleo en las subcontratas que trabajan para Cobre las Cruces.
Entretanto, la empresa ha manifestado su compromiso de "desarrollar los trabajos para estabilizar y reacondicionar la corta minera, con el objetivo de reanudar la normalidad de la actividad extractiva una vez se cuente con la autorización de las administraciones competentes", toda vez que la Junta ha ordenado a la empresa la elaboración de un informe preliminar donde se reflejen las posibles causas del incidente, así como las labores proyectadas para salvaguardar la seguridad de las personas, bienes y derechos, la integridad de la superficie, la conservación del recurso y de las instalaciones, así como posibles afecciones al resto de elementos del complejo minero, dominio público hidráulico y al medio ambiente.
COBRE LAS CRUCES
La producción de cátodos de cobre de este recinto comenzó en junio de 2009, constituyendo un claro activo económico para su área de influencia y una indudable fuente de empleo.
En 2016, no obstante, varios directivos de Cobre las Cruces fueron condenados por un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, a cuenta de la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico explotado por la empresa minera, hechos todos ellos denunciados en 2008.
Además, el complejo minero fue escenario en 2010 de un accidente laboral saldado con la muerte de un operario y otros dos heridos graves, al liberar pulpa ácida una válvula de la planta hidrometalúrgica de la mina a consecuencia de la fractura sufrida por una conducción de las instalaciones.
Más recientemente, el Tribunal Supremo desestimaba el recurso interpuesto por Cobre las Cruces contra el acuerdo del Consejo de Ministros que le imponía una multa de 923.091 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, por daños al dominio público hidráulico de la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas, toda vez que en 2014 se incoaba una nueva causa judicial contra la empresa, por presunto "abuso y sobreexplotación" del acuífero Niebla-Posadas.