Profesores impugnan ante el TSJA las instrucciones que regulan los horarios de Secundaria

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha impugnado ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las instrucciones de la Secretaría General de Educación de la Junta andaluza que regulan los horarios de Secundaria --después de que la administración regional modificara la norma para que éste pasara a tener un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25--, al considerar que las mismas suponen un "disparate".

Fuentes del colectivo han expuesto a Europa Press que la disposición adicional en la que se fijaba el máximo de permanencia regulada semanal en 25 horas ha supuesto que, dado que la disminución no se ha acompañado de una bajada de la carga lectiva --20 horas, con cinco no lectivas--, el 80 por ciento de todo el curso pasado en Secundaria se ha realizado sin poder atenerse a la regulación de agosto de 2010.

Ello ha dado origen a demandas individuales y a "muchos problemas" en los centros, ya que no se podían cuadrar los horarios y se hacían desaparecer horas de actividades, o bien se pasaban actividades del cómputo regular al irregular.

Los principales fundamentos en los que APIA se ha basado para impugnar estas instrucciones han sido dos: pasar la actividad de tutorías de regular a irregular, para eliminarla de las 25 horas, y aumentar "por su cuenta y riesgo" el número de grupos atendidos por las guardias de cada profesor, lo que califican de "barbaridad" y "temeridad".

Además, a esta "vulneración del principio normativo" añaden que la Junta haya intentado "lavar" su responsabilidad aludiendo a que cada instituto asegurará el correcto tratamiento de las guardias.

Todo ello se produce después de que la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía haya archivado las diligencias iniciadas tras la denuncia presentada por el colectivo a este respecto tras no apreciar ilícito penal: pese a que no descartan responsabilidades en vía administrativa, sí rechazan la posibilidad de que exista un delito penal, jurisdicción a la que recurrió la asociación de profesores.